Desde una bodega en el barrio Ricaurte de Bogotá, que servía como domicilio para 15 empresas de papel, una red de nueve integrantes emitía facturas falsas para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuesto a la renta y otros tributos relacionados que recauda la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
La red, que sería dirigida por Olga Lucía Díaz Guzmán, a quien identificaron como ‘La Patrona’, llevaba 12 años de operación según las autoridades y le habrían evitado un recaudo cercano a los $2,3 billones a la Dian.
El fiscal general encargado, Fabio Espitia, explicó que aunque las 15 empresas utilizadas para conformar la red estaban registradas ante la Cámara de Comercio y la Dian, no tenían ni la capacidad ni la fuerza laboral suficiente para realizar las actividades de comercio que supuestamente efectuaron con más de 2.000 empresas legales que utilizaron sus servicios.
De acuerdo con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), desde hace tres años se habría logrado la identificación de la presunta cabecilla de la red, así como de sus ocho integrantes que operaban en Bogotá, Barrancabermeja y Villavicencio.
En un operativo conjunto con la Fiscalía, las autoridades efectuaron 17 allanamientos en las tres ciudades, que permitieron la captura de los nueve sindicados.
El brigadier general Juan Carlos Buitrago, director de la Polfa, destacó que los capturados tendrán que responder por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir, y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.
Esta sería la primera red en el país que enfrente una condena de entre ocho a 18 años de prisión en un operativo de estas magnitudes, según el brigadier general.
Espitia agregó que las 15 empresas de la red no son fabricantes de ningún producto y tampoco tiene importadores o exportadores para justificar sus actividades.
“Las empresas que sustentan las ventas de las empresas de papel se dedican al sector de la construcción y ferretería, la mayoría cuentan con ingresos y capitales significativos”, añadió el fiscal encargado.
Por cada una de estas operaciones, las compañías supuestamente ficticias cobraban comisiones de entre 3,5% y 12% sobre el valor de cada factura emitida.
Para la segunda etapa del proceso, las autoridades se concentrarán en la identificación de los responsables de relacionar cada una de las más de 2.000 empresas reales y legales con la red, así como la revisión fiscal de las mismas, en nuevos operativos conjuntos.
Entre las pruebas que recopiló la Polfa, está información contable que les permitió a las autoridades identificar entre los implicados a expertos tributarias, contadores y comisionistas.
Durante el allanamiento a la bodega en el barrio Ricaurte, las autoridades encontraron millones de facturas falsas, por lo que el director de la Polfa calificó el como “una verdadera fábrica de facturas falsas”.
El brigadier general agregó que le entregará a la Fiscalía información adicional, ya que identificaron que varios de los capturados tendrían relación con otros hechos ilícitos.
