El Ministerio de Salud y Protección Social se ha esforzado para que, «además de garantizar atención integral a los colombianos la salud, no les represente un gasto excesivo». Así lo destacó la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego.
«Uno de los avances a destacar que siempre ha tenido el sistema de salud colombiano es el de la protección financiera de los hogares y las personas derivado de los riesgos de salud que se le puedan presentar y de las eventualidades en salud que puedan surgir», dijo.
Esto significa que los colombianos tienen la garantía de acceder a los servicios de salud en las IPS y proveedores de la red de su EPS, reconociendo que el 97,74% de los colombianos tienen aseguramiento en salud en cualquiera de los regímenes (subsidiado, contributivo o especiales de acuerdo con las proyecciones de la población con censo 2018). Sin embargo, en los casos en que la población no está asegurada, existe en mecanismo de afiliación por oficio, con el cual pueden afiliar las IPS y entidades territoriales.
«La protección financiera también se ve reflejada en el gasto de bolsillo que, para el caso de la región de las Américas, el de Colombia es uno de los más bajos, apenas del 16.3 %», dijo Godoy Casadiego. Esto significa que el Estado hace el mayor gasto en los servicios de salud de las personas, para que el usuario tengo un gasto mínimo y no represente un riesgo a sus finanzas personales.
Estas son protecciones financieras para las familias y obedece al esfuerzo financiero que se hace desde el Gobierno Nacional para efectos de poder financiar el sistema como se ve reflejado en el aumento en el gasto en salud. Dicho de esta manera, el gasto en salud en el país ha venido en aumento de manera permanente y progresiva en los últimos años, siendo en 2019 del 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
En el Covid-19
De manera adicional, durante la emergencia sanitaria el Sistema General de Seguridad Social en Salud logró mantener afiliadas a 2,2 millones de personas que perdieron su empleo o su capacidad de pago para realizar la cotización mensual a salud, a través de la puesta en marcha de mecanismos excepcionales para garantizar el aseguramiento en salud en medio de la contingencia por el coronavirus.
Además, de acuerdo a lo que se estableció en el artículo 15 del Decreto 538 de 2020, la ADRES continuará pagando a las EPS el valor de la UPC de los cotizantes que hayan sido suspendidos y su núcleo familiar y a los beneficiarios que hayan fallecido, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados del régimen contributivo.
En este mismo sentido y como un apoyo económico en los casos de aislamiento selectivo, se estableció una protección al ingreso de la población del régimen subsidiado con el fin de hacerlo sostenible. Para este propósito, se implementó la compensación económica temporal a través de la cual se reconoce siete días del salario mínimo legal diario vigente por una sola vez y por núcleo familiar, a quien resulte con diagnóstico positivo para coronavirus.
«De esta manera invitamos a los colombianos a que reconozcan las bondades del sistema de salud colombiano, que si bien presenta retos, sí garantiza una protección financiera para todos sus afiliados», concluyó la viceministra.
