Por: Renato Baldovino Guevara/ Son muchas las alertas provenientes de diversas entidades nacionales e internacionales que advierten sobre una inminente situación de inseguridad alimentaria como consecuencia de la actual pandemia en nuestro país, por tal motivo es pertinente analizar la realidad presupuestal del sector rural, con que vamos a enfrentar tiempos difíciles que se avecinan.
El panorama actual de los productores agropecuarios es bastante crítico ante un Estado que carece de políticas estructurales a largo plazo, situación que tiende a empeorar, en gran medida por los constantes cambios año tras año, en la dirección del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En los últimos 20 años se han liquidado importantes entidades adscritas a este ministerio, por motivos relacionados con la corrupción y malos manejos, para automáticamente crear otras, que con el tiempo también son suprimidas por similares circunstancias como el caso del Incora (1961-2003) , luego Incoder (2003-2015) y ahora ADR-ANT (2015-?).
Estas instituciones han tenido unas funciones específicas establecidas por ley con un objetivo principal: ejecutar las políticas de reforma agraria y desarrollo rural en Colombia. Sin embargo, ninguna de las anteriores ha podido cumplir con este propósito. Esta inestabilidad institucional también se deriva del trato displicente al sector rural por parte de los gobiernos de turno, los cuales no asignan los recursos suficientes ni designan las personas idóneas para planificar y dirigir el destino de la agricultura colombiana.
Esto podría explicar la razón por la cual no ha existido la suficiente sustentación por parte de quienes formulan los planes nacionales de desarrollo, para que el congreso apruebe un presupuesto acorde con las necesidades de los productores agropecuarios, la propiedad rural y la seguridad alimentaria del país.
Revisando el Presupuesto General de la Nación en los últimos 10 años, se encuentra que la asignación presupuestal para el sector rural ha tenido fluctuaciones que oscilan entre los 1,6 y los 4,2 billones de pesos anuales, lo que representa que en promedio el 1,2 % del total nacional, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1. Presupuesto General de la Nación Vs Presupuesto Sector Rural 2010 – 2020 (cifras en billones de pesos).
Para 2020, el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas, representa el 0,70% de los 271 billones de pesos del presupuesto general. Ni siquiera llega al 1%. Esta reducción de los recursos destinados al sector rural es totalmente inadmisible, en un país que tiene 40 millones de hectáreas aptas para la agricultura y 2,7 millones de productores agropecuarios de las casi 11 millones de personas que habitan en la zona rural.
Afortunadamente el presupuesto nacional no es la única fuente de financiación del sector rural, puesto que las gobernaciones y municipios también disponen de partidas presupuestales para el fomento a la producción agropecuaria. Los gremios como el ganadero, palmero, arrocero, entre otros; a través de sus fondos parafiscales también reinvierten importantes recursos para apoyar a sus afiliados en temas relacionados con la investigación, subsidios a los insumos, comercialización y asistencia técnica.
De igual forma, distintas organizaciones de cooperación internacional, así como embajadas y representantes consulares, apoyan programas dirigidos especialmente a sectores vulnerables como mujeres y jóvenes rurales, desplazados por la violencia, víctimas del conflicto armado y población afectada por desastres naturales.
La empresa privada a través de sus fundaciones también realiza un valioso aporte al sector rural, enfocándose en acciones de fomento a la asociatividad, cooperativismo, sostenibilidad, emprendimiento, comercialización y nutrición; en la mayoría de oportunidades con el apoyo de entidades públicas como el Sena, Agrosavia, Prosperidad Social y la Corporación Colombia Internacional.
También hay que tener en cuenta otros aspectos relacionados con el bienestar de los habitantes de las zonas rurales como vivienda, educación, vías y servicios públicos en general, los cuales son atendidos por otros ministerios y entidades adscritas a la Presidencia de la República.
Por lo anterior, se debe hacer un esfuerzo por fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional entre los actores del sector rural, con el objetivo de crear sinergias que permitan la optimización de los recursos destinados a la generación de un desarrollo rural integral en los territorios.
Para reducir la desigualdad económica y social en el país, se debe comenzar por aumentar el presupuesto destinado a fortalecer las cadenas productivas, brindar seguridad jurídica mediante la titulación de predios, mejorar las vías terciarias de las veredas, entre otras medidas, que nos permitan mantener la soberanía y seguridad alimentaria.
Aunque en los próximos meses Colombia enfrentará déficit fiscal y un sustancial crecimiento de la deuda pública, no se puede continuar reduciendo los recursos para el que debe ser el sector primario de nuestra economía: el sector rural.
*Ingeniero Agrónomo y Magister en Desarrollo Rural
Twitter: @renatobaldovino
Facebook: Renato Baldovino
