Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de garantías al exjuez laboral de Buenaventura (Valle del Cauca), Wilson Escarria Camacho, y le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. Los cargos no fueron aceptados.
El exservidor judicial, quien se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario de Cali por otras actuaciones presuntamente irregulares, es señalado en esta oportunidad de reformar y agrupar irregularmente en siete procesos ejecutivos las demandas de profesores contra del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio por pagos atrasados de cesantías. En cada actuación había entre 50 y 300 reclamantes.
Entre enero y noviembre de 2019, el entonces juez emitió 53 decisiones de fondo y accedió a las pretensiones de los docentes. Los elementos de prueba dan cuenta de que intervino sin ser el competente para emitir los fallos y que sustentó sus argumentos en normas derogadas.
Adicionalmente, el exfuncionario ordenó el embargo de cuentas de entidades del Estado, algo que prohíbe la ley. De los siete procesos que asumió, cinco fueron revocados en segunda instancia. De cualquier manera, por los que quedaron en firme se recibieron en depósito judicial más de 23.000 millones de pesos, que habrían sido direccionados a los abogados de los profesores, informó la Fiscalía General de la Nación.
La #Fiscalía cuenta con suficiente material probatorio para demostrar que el entonces juez Escarria Camacho aceptó las demandas sin ser competente, además, reformó y agrupó irregularmente en siete procesos ejecutivos las demandas de profesores en contra del Ministerio de… pic.twitter.com/wFxbBkNU8n
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 24, 2024
