No se otorgará estatus político a los grupos que decidan acogerse a la justicia; sus integrantes deben confesar sus delitos, pagar penas efectivas en prisión, y reparar a sus víctimas. Podrían conservar hasta el 6 por ciento de los bienes que hayan obtenido de manera ilegal.
La herramienta principal para hacer realidad la política de “Paz Total” propuesta por el gobierno del Presidente Gustavo Petro a los colombianos, comenzó su trámite en el Congreso. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, y del Interior, Alfonso Prada, radicaron en el senado el proyecto de ley de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición, y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, más conocido como “Ley de sometimiento”.
De entrada, el presidente del senado, Roy Barreras Montealegre, pidió al gobierno tramitar esta iniciativa con mensaje de urgencia, “para que la incertidumbre sea menor y la gente sepa a qué ley acogerse”.
Cabe destacar que, si el proyecto es aprobado, las llamadas bandas criminales tendrían un plazo de dos años para desarticularse de manera voluntaria.
La virtual Ley de sometimiento establece que estas estructuras criminales deben aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos que hayan cometido, entregar información sobre sus patrones criminales, ofrecer reparación a sus víctimas, y a cambio, el Estado se compromete a imponerles una pena alternativa de entre 6 y 8 años de cárcel efectiva.
Adicionalmente, estarán cuatro años en libertad condicional, mientras desarrollan actividades de restauración y de reparación a sus víctimas. Cualquier integrante de estas bandas que incumpla estas condiciones pagará el máximo monto de la pena correspondiente a los delitos cometidos, perdiendo todas las rebajas y beneficios.
El texto señala también que esos grupos delincuenciales, deben entregar todos sus bienes, y si cumplen, tendrán derecho a conservar el equivalente al seis por ciento de su valor, con un tope máximo de 10 mil salarios mínimos.
El presidente del senado, Barreras Montealegre, le envió un mensaje a los sectores de oposición que ya han anunciado que no están dispuestos a apoyar parte de esta iniciativa; “El camino es el de la concertación de todas las reformas para ofrecerles soluciones reales al pueblo colombiano, soluciones que sean viables, sensatas y concertadas”.
El senador del Pacto Histórico, presidente de la Comisión de Paz, Iván Cepeda Castro sostuvo por su parte que este proyecto, “no brinda ninguna clase de impunidad”.
De hecho, el proyecto descarta cualquier reconocimiento político para estas estructuras ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal.
“Es un camino que se abre para la paz total que avanza, a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas que implica una política de paz ambiciosa como la de este Gobierno”, puntualizó Cepeda Castro.
Finalmente, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, declaró que, “este proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto, si se entregan y confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información de sus patrones criminales, y reparan a las víctimas, el estado les otorga un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con el fin de vivir en una paz completa; esta iniciativa está pensada para estructuras criminales que no tiene vocación política”.
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