Una joven venezolana de 19 años busca sin descanso a cinco familiares desaparecidos tras su detención en Cumaná en agosto de 2025, en medio de un proceso de liberación parcial de presos políticos impulsado por el gobierno en un contexto de presión internacional y caos institucional.
Desde agosto de 2025, Lorealbert Gutiérrez enfrenta un calvario incierto. Detenida junto a seis miembros de su familia en el oriente de Venezuela cuando estaba embarazada de siete meses, fue liberada horas después junto con su hermana, pero su madre, hermano, pareja, tía y prima siguen desaparecidos bajo custodia estatal.
Los arrestos ocurrieron en Cumaná, ciudad costera a unos 400 kilómetros al este de Caracas, en un operativo que, según Gutiérrez, estuvo relacionado con la búsqueda de su hermano por supuestos vínculos con personas investigadas por un atentado en Caracas el año anterior.
El modus operandi descrito por la joven refleja prácticas denunciadas por organizaciones de derechos humanos en Venezuela: detenciones encubiertas, desaparición forzada de familiares y uso de familiares para forzar entregas. Cuando su prima acudió a preguntar por la primera detenida, fue arrestada también; y la joven fue llamada para obligarla a entregar a su hermano bajo amenazas de muerte.
En el relato de Lorealbert, su hermano —que sufre de asma— fue sometido a torturas visibles incluso con un papel colocado sobre su rostro que no evitaba las agresiones físicas, mientras su hermana adolescente presenció los hechos sin poder intervenir.
Desde su liberación, Lorealbert y su hermana sobreviven con el apoyo de familiares. Sin embargo, no han recibido información oficial sobre el paradero de sus seres queridos. Solo gracias a una tía, lograron rastrearlos en una sección de la prisión Rodeo I, en las afueras de Caracas, donde se reporta que hay cerca de 500 reclusos.
El caso de la familia Gutiérrez se inserta en un contexto más amplio de detenciones políticas en Venezuela. Grupos como Foro Penal estiman que más de 800 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, muchas sin cargos claros ni acceso a garantías procesales.
En enero de 2026, el gobierno anunció la liberación de un “número importante” de presos políticos y extranjeros en medio de cambios políticos impulsados por presiones internacionales tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la asunción de un liderazgo interino en Caracas.
Pese al anuncio oficial, organizaciones de derechos humanos y familiares señalan que solo un pequeño grupo ha sido efectivamente liberado, mientras la mayoría continúa detenida bajo condiciones opacas y sin información clara sobre su destino.
Este proceso de excarcelación se presenta como un gesto hacia la comunidad internacional, pero no ha satisfecho a las organizaciones defensoras de derechos humanos que piden la liberación total e incondicional de todos los presos políticos, así como transparencia en los procedimientos.
La frustración de los familiares es palpable. Decenas de ellos se han congregado en los alrededores de cárceles como Rodeo I, El Helicoide o Zona 7, en espera de noticias o de una confirmación oficial que nunca llega. La ansiedad y la angustia comparten espacio con el frío de las noches pasadas en espera de una llamada, de un gesto del gobierno o de un reconocimiento claro de quiénes están siendo liberados y quiénes no.
El uso de detenciones arbitrarias en Venezuela no es un fenómeno aislado ni reciente. Tras las protestas contra la reelección de Maduro en julio de 2024, miles de personas, incluidas mujeres, adolescentes y activistas, fueron detenidas bajo acusaciones que van desde terrorismo hasta conspiración. Muchos fueron liberados posteriormente con restricciones como presentación periódica ante tribunales y la prohibición de hablar con la prensa, lo cual ha alimentado la desconfianza sobre la verdadera intención de las autoridades.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han documentado casos de activistas, defensores de derechos humanos y civiles detenidos arbitrariamente, algunos de los cuales han sufrido torturas, aislamiento prolongado y desapariciones.
Para Lorealbert, el anhelo es simple pero profundo: volver a abrazar a su madre, ver a su pareja y recuperar la estabilidad familiar que la represión estatal truncó. “Si es por mí, me quedaría hasta ver a mi mamá”, dijo, mostrando el rostro humano de una crisis que va más allá de cifras y estadísticas, marcando para siempre a quienes quedaron atrapados en un sistema de justicia envuelto en sombras.
