Los arrestos tuvieron lugar en Miami. Los arrestos se llevaron a cabo casi año y medio después del magnicidio. Con estas detenciones ya suman 11 los arrestos en relación al caso.
El proceso que investiga el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, avanza en Estados Unidos. Este martes se conoció del arresto de cuatro sospechosos de participar en el complot contra el fallecido jefe de Estado. Dos de ellos son ciudadanos de la Unión americana, los otros dos residentes permanentes.
Las detenciones se llevaron a cabo en el estado de Florida. Los arrestados fueron identificados como Antonio Intriago, propietario de la empresa ‘Unidad de Seguridad Contra el Terrorismo’ (CTU); Arcangel Pretel, operador de CTU; Walter Veintemilla, cabeza del grupo ‘Worldwide Capital Lending Group’, y Frederick Bergmann.
En sesión informativa, el fiscal estadounidense Markenzy Lapointe indicó que con estas detenciones, se elevó a 11 el número de arrestados por el magnicidio de Moïse. “Es extremadamente importante llevarlos ante la justicia”, dijo Lapointe.
Por su parte, el fiscal general auxiliar de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, Matthew Olsen, expuso las presuntas motivaciones. «Según la denuncia, tres de los acusados arrestados hoy operaban negocios acá, en el sur de Florida, y esperaban obtener beneficios inesperados de los contratos de seguridad y construcción que otorgarían quienes creían que asumirían el poder en Haití tras la muerte del presidente Moïse», puntualizó Olsen.
El fiscal general adjunto también expuso deducciones de la investigación. Con el «uso de términos codificados como ‘tornillos’, ‘clavos’ y ‘herramientas’ para referirse a armas y municiones, las comunicaciones entre los co-conspiradores revelan un plan calculado que pretendía alentar disturbios civiles como una tapadera para la entrada de los asesinos a la residencia del presidente para llevar a cabo un golpe que resultó en su muerte».
¿De qué se acusa a los detenidos?
Joseph Tesmond, abogado de Intriago, indicó que esta misma jornada su defendido comparecería ante un tribunal. Ya en otra ocasión, la defensa del acusado se hizo eco de unas declaraciones suyas en las que resaltaba haber sido «víctima de un esquema para asumir el poder en Haití».
Tesmond informó además que el ciudadano a quien representa tiene la «intención de declararse inocente en la (primera) audiencia». A la empresa de Intriago, CTU, se le acusa de haber sido la encargada de reclutar a un grupo de soldados colombianos inactivos para llevar a cabo el magnicidio.
A Veintemilla se le acusa de haber financiado a CTU con más de 170.000 dólares para sus actividades en Haití, mientras que a Bergman se le imputa por presuntamente contrabandear chalecos antibalas a los mercenarios que llevaron a cabo el asesinato. Otro de los cargos avalados es por no presentar los documentos apropiados de exportación de los implementos blindados desde Miami hacia Haití. La documentación rezaba que eran “implementos escolares” y “chalecos médicos de rayos X”.
Según las autoridades estadounidenses, el plan principal del complot, que habría tenido como autores intelectuales a Intriago y Pretel, era simplemente destituir a Jovenel Moïse de su cargo. Para ello habrían tenido como coartada “un plan calculado destinado a alentar los disturbios civiles”.
Reacciones sobre el caso
El ex primer ministro de Gobierno de Moïse, Claude Joseph, celebró la noticia en su cuenta de Twitter. Joseph afirmó que «la justicia debe prevalecer».
La viuda del presidente, Martine Moïse, abogó a principios de este mes por la creación de un tribunal especial de las Naciones Unidas para esclarecer los hechos, arguyendo las trabas que enfrenta el caso en Haití.
Mientras que la investigación avanza en Estados Unidos, en la nación caribeña se encuentra casi congelada. Al menos cuatro jueces han liderado las pesquisas. Tres han abandonado el caso por temor a amenazas, otro fue destituido.
Haití, en medio del caos y el vacío de poder
Entretanto, Haití se ve sumido en un ambiente de extrema violencia y pobreza. El pasado 10 de febrero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado de atención a la comunidad internacional a «considerar de manera urgente» la conformación de una fuerza que ayude a combatir a las pandillas.
Haití ya había esbozado una idea similar el pasado mes de octubre, cuando pidió por “una fuerza armada especializada” que combatiese las pandillas que, en ese entonces, se habían apoderado de una terminal clave para el abastecimiento de combustible en el país.
El alto funcionario de la ONU calificó lo que vive la nación más pobre del continente como “una pesadilla viviente”, por causa del actuar de las bandas criminales, que aterroriza al pueblo sin que el Gobierno pueda hacer nada.
La Organización de Estados Americanos también dio luz verde a una resolución que tiene como objetivo la creación de un grupo de trabajo para abordar los temas fundamentales que aquejan a Haití, entre ellos la creación de una fuerza que ayude a la policía a restablecer el orden.
Otro tema que preocupa es el poco respaldo que tiene el actual Gobierno del primer ministro Ariel Henry. Después de posponer las elecciones en varias ocasiones, Henry se comprometió a abandonar el poder en 2024.
