La Procuraduría formuló un pliego de cargos contra María Cristina Vega Fajardo, docente vinculada a la Secretaría de Educación de Bogotá, por presuntamente presentar diplomas universitarios falsos. Se le acusa de haber obtenido un nombramiento en el colegio El Japón con títulos de licenciada en Educación Básica Primaria y en Psicología y Pedagogía de instituciones que, al parecer, no respaldan dichas acreditaciones.
Por los mismos hechos, el órgano de control elevó cargos contra siete funcionarios más; se trata de Natalia Barragán González, por presentar documentación falsificada para ser nombrada en el colegio Luis López Mesa como licenciada en Educación Especial y magíster en Educación; Yisela Yolima Bautista Valderrama, acusada de incluir en su hoja de vida un título ilegítimo de especialista en Gerencia de Talento Humano.
También se vieron involucrados
Johann Marlon Santander, investigado por presuntamente presentar diplomas inexistentes como especialista en Intervenciones Psicosociales y en Pedagogía y Docencia; César Alonso Delgado Benavides, señalado por presuntamente aportar títulos falsos de profesional en Mercadeo y especialista en Gerencia de Mercadeo para su posesión en el Colegio Manuel Beltrán en 2023; y Bertha Cecilia Salamanca Ramírez, acusada de presentar un acta de grado falsificada como licenciada en Educación Preescolar.
Asimismo, Cristian Lara Sarmiento será investigado por presunta adulteración en su currículo con títulos de psicología y licenciatura en Educación Básica con énfasis en matemáticas y lengua castellana, y Yudi Lesnaida Umbarila Olivares, quien habría sido nombrada provisionalmente en el colegio Débora Arango Pérez con títulos presuntamente falsos de orientadora y especialista en Pedagogía y Docencia.
La Procuraduría calificó estas faltas como gravísimas a título de dolo y anunció que continúa con el juicio disciplinario para determinar responsabilidades. Además, otros siete instructores en Bogotá están bajo investigación por presuntamente suministrar títulos falsos para acceder a cargos y ascensos.
Este caso representa un reto para las autoridades educativas y un llamado a reforzar los mecanismos de verificación de credenciales académicas en el sistema público.
APN Noticias
