Protestas, tomas y bloqueos liderados de manera coordinada en diversas regiones del país por el Congreso de los Pueblos, una ONG con históricas afinidades con sectores cercanos al presidente Gustavo Petro.
La justificación de estas acciones, que iniciaron desde el pasado martes 4 de junio, se centra en la denuncia de una supuesta degradación de los derechos humanos, atribuida a lo que llaman la «expansión del paramilitarismo».
Sin embargo, estas manifestaciones han generado controversia sobre su enfoque selectivo. Aunque se denuncia vehementemente la violencia atribuida al paramilitarismo, se omite mencionar los actos violentos perpetrados por el ELN y las disidencias de las FARC, que mantienen en alerta a regiones como el suroccidente del país.
Analistas consultados por el periódico El Tiempo destacan la peculiaridad de estas protestas.
Por un lado, se señala la atribución de la responsabilidad de la violencia a administraciones anteriores, evitando cuestionar directamente al actual gobierno de Petro. Además, se destaca la falta de equilibrio al centrarse exclusivamente en el paramilitarismo, dejando de lado el papel de guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC en la violencia regional.
Los datos presentados por el Ministerio de Defensa subrayan la complejidad del panorama.
Aunque el Clan del Golfo muestra un incremento en sus filas, está lejos del poder que tenían las AUC, las cuales pasaron de 4.060 a 5.000 integrantes entre 2022 y 2023. Se evidencia también el fortalecimiento de guerrillas como el ELN, que pasó de 5.851 combatientes armados a 6.158, y amplió su presencia en un año a 184 municipios, así como las disidencias de las FARC, que representan un desafío para la seguridad nacional en varias regiones del país.
APN Noticias
