Luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) otorgara el pasado 25 de febrero, a través de la resolución 00648, la licencia ambiental para al Proyecto Piloto de Investigación Integral (Ppii) Kalé de Ecopetrol, en el que se desarrollaría el primer piloto de fracking en el país, el jueves anterior, el Juzgado primero de Barrancabermeja suspendió el permiso.
Esto, tras conceder la tutela que había sido interpuesta por la Corporación Afrowilches representada por la Corporación Podion, el Colectivo José Alvear Restrepo y la Alianza Colombia Libre de Fracking el 31 de marzo, días después del anuncio de la Anla.
“En Ecopetrol tenemos absoluto respeto por las comunidades y actuamos en el marco legal. La empresa solicitó en los tiempos establecidos en la regulación ambiental y técnica la solicitud de procedencia de consulta previa y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa certificó que no procede la consulta. Durante la elaboración del estudio de impacto ambiental no se identificó presencia o afectación a ninguna comunidad étnica”, expresó la compañía en un comunicado.
Y es que vale resaltar que en la tutela concedida se alegaba falta de consulta previa a las comunidades de la zona.
Ante esto entonces, Ecopetrol manifestó que acudirá a las instancias legales correspondientes para que se considere la posibilidad de continuar con el proceso de licenciamiento ambiental de los dos proyectos piloto en Puerto Wilches (Santander), pues la suspensión también aplica para el proyecto de Platero, que aunque aún está a la espera de la licencia, también busca incursionar en la técnica de fracking.
Felipe Bayón, presidente de la petrolera indicó que, “en Ecopetrol acudiremos a las instancias legales correspondientes del país para que se considere la posibilidad de continuar con el proceso de licenciamiento ambiental”.
Para la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), tanto las autoridades como las empresas, han realizado en derecho el proceso de licenciamiento, respetando y contando con la participación de las comunidades que realmente puedan verse afectadas por la realización de estos proyectos. En ese sentido, confiamos en que serán las instancias judiciales y legales superiores las que determinen la continuación de estos proyectos para el país.
“Lo de la suspensión es una muy desafortunada decisión. Los Ppii son una gran oportunidad para recopilar información científica y multidisciplinaria, para fundamentar la toma de decisiones y definir cómo se desarrollarían en forma sostenible este tipo de proyectos a futuro”, opinó Luis Guillermo Acosta, director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet).
Finalmente, Juan Carlos Vélez, presidente de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetroleo), dijo que “desde el punto de vista jurídico la intervención del juez puede ser válida, ya que lo que alega él en su decisión es que debe someterse primero a consulta previa el proyecto por realizarse en el seno de una comunidad negra”.
