Miles de indígenas avanzaron este miércoles sobre una militarizada ciudad de Quito en protesta contra los ajustes económicos que pactó el gobierno con el FMI y que encarecieron los combustibles, tras una semana de caos y disturbios en Ecuador.
Un río de manifestantes marchó en dirección al centro de la ciudad donde se encuentra la desocupada sede presidencial, mientras más adelante grupos menos numerosos de estudiantes y trabajadores se enfrentaron a piedra con la policía, que respondió con gas lacrimógeno.
Los choques de momento no alcanzan a los indígenas, que a su paso reciben aplausos y bolsas de agua desde los balcones.
«Nos tiene aquí la indignación ecuatoriana contra el paquetazo», señaló Gonzalo Espín, dirigente de los indígenas de Cotopaxi (centro). «Mientras no desista, seguiremos aquí», advirtió.
Moreno sigue el minuto a minuto de la crisis desde Guayaquil, adonde trasladó la sede del gobierno el lunes ante el acoso de los indígenas que fueron llegando a Quito desde el interior. Las Fuerzas Armadas, movilizadas en el marco de un estado de excepción, se mantienen leales al gobierno.
El presidente abrió la puerta del diálogo con la mediación de la ONU y la Iglesia católica.
Sin embargo, los indígenas exigen como condición que el gobierno desista de eliminar los subsidios que condujeron al alza del precio del diésel y la gasolina hasta en 123%.
El presidente «está gobernando solo con las recetas del Fondo Monetario Internacional, de las cámaras empresariales. Y es lo que rechaza el pueblo ecuatoriano», sostuvo el líder indígena Salvador Quishpe.
Moreno no quiere dar marcha atrás en su política, y ofrece a cambio liberar más recursos para los indígenas afectados por el aumento generalizado de precios que en teoría origina el alza de los combustibles.
Castigado por un alto endeudamiento y la iliquidez de su dolarizada economía, Ecuador pactó en marzo un programa de préstamos con el FMI que alcanza los 4.203 millones de dólares.
Solo fue hasta la semana pasada cuando Moreno dio a conocer el lado más duro del ajuste que también prevé reformas tributarias, así como laborales que afectan a los empleados públicos.
Los indígenas representan el 25% de la población ecuatoriana de 17,3 millones.
Centenas de heridos y detenidos
El despliegue de los militares y la medida de excepción han sido insuficientes para contener la crisis, la más grave desde la caída del entonces presidente Lucio Gutiérrez en 2005.
El martes se produjeron nuevos y violentos enfrentamientos. Un grupo de indígenas alcanzó a ocupar el Legislativo antes de que fuera desalojado por los uniformados.
A raíz de ello, el gobierno restringió el tránsito nocturno alrededor de instalaciones estratégicas como ministerios, puentes y antenas de comunicación.
En la primera semana de manifestaciones la Cruz Roja atendió a 122 heridos en las manifestaciones. El gobierno también reporta unos 700 detenidos.
Las protestas alcanzaron a la industria petrolera. Varios pozos en la Amazonia fueron ocupados por manifestantes, lo que generó una caída del 31% de la producción ecuatoriana, estimada en 531.000 barriles por día.
Moreno vs. Correa
Moreno culpa de la agitación social a su antecesor y exaliado Rafael Correa.
Según el mandatario, Correa intenta derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
En el centro de una ofensiva diplomática y económica, Maduro se burló al señalar el martes que esa acusación es tan insólita como decir que puede derrocar gobiernos con tan solo mover su bigote.
En Bélgica, Correa dijo el miércoles que sería candidato si es necesario tras plantear el adelanto de elecciones ante la que describe como «grave conmoción social». El exmandatario vive en ese país de donde es su esposa.
Correa, que enfrenta una orden de captura en Ecuador por un delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas, negó sin embargo que esté alentando el golpismo.
Lo cierto es que «tenemos un problema muy serio de desajuste de la economía. Los precios de los combustibles es (un tema) muy complejo que ningún gobierno lo ha tocado en 15 años. Si es que el gobierno cede, se verá obligado a endeudarse mucho más», señaló Simón Pachano, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y siete países latinoamericanos encabezados por Brasil, Colombia y Argentina cerraron filas en torno a Moreno.
