Ecuador bajo un estado de excepción por 60 días. Es un intento del presidente Guillermo Lasso por frenar los altos niveles de inseguridad y violencia en varias provincias del país.
“De inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policías se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de emergencia en todo el territorio nacional», anunció el mandatario el lunes en un discurso transmitido en cadena nacional.
El jefe de Estado aseguró que los delitos están directamente relacionados con el narcotráfico, al tiempo que señaló el papel cada vez mayor de la nación como consumidor de drogas y no solo como zona de tráfico.
El aumento de la criminalidad «no solo se refleja en la cantidad de drogas consumidas en nuestro país, sino en la cantidad de delitos que hoy tienen relación directa o indirecta con la venta de estupefacientes», sostuvo.
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— Ecuador Comunicación (@ecuadorprensaec) October 19, 2021
En lo corrido de este año, Ecuador ya ha registrado alrededor de 1.900 asesinatos, más de los 1.400 reportados en todo 2020.
“Cuando el narcotráfico crece, aumentan también el sicariato, asesinatos, robos a domicilios y vehículos. Más del 70 % de muertes violentas en Guayas está relacionado con el tráfico de drogas (…) En las calles hay un solo enemigo: el narcotráfico”, explicó Lasso.
El anuncio se produjo en vísperas de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Los dos discutirán cuestiones de seguridad, defensa y comercio.
¿Cómo procede el estado de excepción?
La medida, firmada en el decreto 224, permitirá el traslado de las Fuerzas Armadas a provincias donde los ciudadanos han sentido con mayor fuerza la criminalidad como Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos.
Los militares reforzarán las labores de la Policía Nacional en las calles. Las autoridades tendrán el poder de restringir la libertad de movimiento, reunión y asociación durante los dos meses de ejecución del estado de excepción.
“Nuestras fuerzas militares y policiales se sentirán con fuerza en las calles, para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de drogas, entre otras acciones”, aseguró el mandatario el lunes en un discurso.
Lasso también anunció la creación de la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, con la que su Gobierno espera respaldar a los servidores que pudieran ser demandados tras la ejecución de las nuevas ordenes. “La ley debe intimidar al delincuente, mas no al policía”, afirmó el mandatario, quien pidió a policías y militares que actúen con valentía.
Asimismo, los uniformados inspeccionarán las 65 cárceles del país, luego de los fatídicos disturbios que captaron la atención internacional.
Los motines en las prisiones del país han dejado cerca de 240 personas muertas este año y según la fuerza pública, la violencia frecuentemente se debe a conflictos entre bandas de narcotraficantes rivales.
El pasado 28 de septiembre, una insurrección armada en una prisión en la ciudad suroccidental de Guayaquil, causó una de las masacres carcelarias más grandes de la historia de América Latina.
Miembros de grupos vinculados a los carteles mexicanos y colombianos hicieron un intento por tomar el control de la prisión: 119 personas murieron solo en ese enfrentamiento.
