La medida, decretada para durar 60 días, suspendió los derechos a la inviolabilidad del domicilio y correspondencia en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro y las amazónicas de Orellana y Sucumbíos.
El actual estado de excepción está en vigencia desde el jueves y fue implantado por la grave conmoción interna y el conflicto armado interno, declarados el año pasado por la violencia ligada a grupos de narcotraficantes.
Incluye a Quito (en la provincia de Pichincha) y los poblados de La Troncal (Cañar) y el minero Camilo Ponce Enríquez (Azuay), así como al sistema penitenciario, bajo control de militares.
El Gobierno de Daniel Noboa, que inició en noviembre de 2023, ha recurrido a esa facultad de forma permanente ante una arremetida de grupos narcos que se disputan el poder a sangre y fuego en las calles y las prisiones.
«Esta declaratoria se fundamenta en (…) el incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados», señala el decreto difundido en el portal electrónico de la Presidencia.
Violaciones a los DDHH
La medida fue tomada en medio de fuertes críticas de organizaciones sociales contra Noboa por atentados a los derechos humanos registrados en 2024 con los militares movilizados a las calles para la lucha contra el crimen organizado.
El 8 de diciembre, cuatro adolescentes fueron aprehendidos en un operativo militar y luego sus cuerpos hallados incinerados cerca de una base de la Fuerza Aérea, por lo que 16 soldados están en prisión preventiva acusados en principio por el delito de desaparición forzada, castigado con hasta 26 años de cárcel.
El Ejecutivo también ordenó un toque de queda de siete horas, a partir de las 22H00 locales (03H00 GMT) en varias localidades de seis provincias.
En octubre, Noboa decretó el estado de excepción para Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro y Orellana, además de Quito y Camilo Ponce Enríquez.
La violencia del crimen organizado transformó en los últimos años a Ecuador, que era considerado una isla de paz en medio de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína.
Con 17 millones de habitantes, la tasa de homicidios en la nación saltó de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
La fuerza pública ecuatoriana incautó más de 282 toneladas de droga en 2024, superando la marca de 219 toneladas de 2023.
