Durante el 2024, más de 113.158 personas víctimas del conflicto armado han sido beneficiadas por la Política de Gratuidad «Puedo Estudiar», con una inversión que supera los $138.356 millones. Esta iniciativa emblemática se ha convertido en la mayor inversión estatal destinada a garantizar el derecho a la educación de esta población, marcando un antes y un después en los procesos de reparación mediante el conocimiento.
A esto se suma el Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población Víctima del Conflicto Armado, que entre 2023 y 2024 ha beneficiado a 2.526 personas, permitiendo su ingreso y permanencia en programas de formación profesional, técnica y tecnológica de calidad en distintas regiones del país. En conjunto, estos esfuerzos representan una inversión total de $240.928 millones en favor de la educación como derecho y herramienta de transformación.
«Esta fecha emblemática para la memoria histórica de nuestro país es propicia para reafirmar el compromiso del Gobierno del Cambio con la reparación integral de las víctimas a través de la educación como herramienta transformadora», señaló Ricardo Moreno, Viceministro de Educación Superior, destacando que el acceso a la educación representa una vía efectiva hacia la reconciliación.
Infraestructura para el cambio
El compromiso del Gobierno del Cambio va más allá del acceso: también se refleja en la ampliación de la infraestructura educativa en territorios históricamente golpeados por la violencia. Regiones como Catatumbo, Cauca, Chocó, entre otras, hoy cuentan con nuevas obras y espacios educativos dignos que apoyan la permanencia y la graduación de miles de jóvenes víctimas, garantizando condiciones de calidad para su formación.
