Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, presentó el informe que revela la situación de derechos humanos de más de 200 países y territorios, así como las libertades civiles, la corrupción, falta de transparencia y el actuar de los gobiernos en las investigaciones de abusos en materia de derechos humanos, entre otros.
El informe detalla la situación del país centroamericano y asegura que en los últimos años el presidente Daniel Ortega incrementó su control sobre el poder judicial, legislativo y la justicia de Nicaragua, aprobando “leyes cada vez más represivas que limitan severamente la capacidad de operación de los grupos políticos de oposición, la sociedad civil y los medios independientes”.
Según el documento, en Nicaragua impera la “corrupción generalizada, incluso en la fuerza policial, el CSE, la Corte Suprema, las autoridades aduaneras y tributarias y otros órganos gubernamentales. Los gobiernos municipales y los gobiernos regionales de la Costa Caribe también se vieron afectados por la corrupción”, cita el texto, así como señala la existencia de grupos armados progubernamentales, encargados de reprimir a defensores, periodistas independientes y activistas disidentes al Ejecutivo.
Detenciones arbitrarias a disidentes
“Los parapolicías, que son grupos no uniformados, enmascarados y armados con entrenamiento y organización táctica, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del Gobierno, bajo el control directo del Gobierno”, agrega el texto que señala a las fuerzas de seguridad de cometer “numerosos abusos”. Washington afirma que los “parapoliciales y las personas vinculadas al régimen de Ortega llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia enemigos percibidos del régimen, como ex presos políticos, activistas campesinos, grupos de oposición prodemocracia, defensores de los derechos humanos y el clero católico”.
El texto indica que muchos de los detenidos en el contexto de las protestas antigubernamentales, que iniciaron en 2018, fueron presentados ante la opinión pública con uniformes de prisión, afectando la presunción de inocencia establecida en las leyes locales y muchos de ellos denunciaron ser víctimas de tratos crueles, torturas y condiciones carcelarias “potencialmente mortales”.
Uno de los testimonios que recoge el informe es la detención, por parte de miembros del Ejército de Nicaragua el 15 de agosto de 2020, a los opositores Hader González y Cristian Meneses en la frontera con Costa Rica. Sus familias no recibieron información de su paradero hasta el 20 de agosto, cuando el Ejército los presentó públicamente y los vinculó con un asesinato. Luego un juez de Managua los condenó a 48 años de prisión por varios delitos en perjuicio de Nicaragua, como lo ha hecho con otros disidentes reconocidos como “presos políticos” por defensores locales.
“Los juicios contra los manifestantes a favor de la democracia se retrasaron indebidamente y no se ajustaron al debido proceso. La liberación de los acusados se basó en muchos casos en decisiones políticas y no en el estado de derecho”, expresa el Departamento de Estado y agrega que “entre las cuestiones importantes de derechos humanos se incluyen: ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el Gobierno o sus agentes; desapariciones forzadas por fuerzas parapoliciales; tortura y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales”
Estados Unidos se hace eco de las denuncias de organismos locales de derechos humanos, agrupaciones de campesinos y medios de comunicación que visibilizan el asesinato de al menos 30 campesinos opositores entre 2018 y 2019 y en donde, según ellos, hubo participación del Ejército de Nicaragua.
La institución militar emitió un comunicado, el 21 de marzo, en referencia a estos señalamientos y aseguró que se trata de una “campaña de calumnias malintencionadas” y que sus miembros reciben preparación sobre temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. “Nuestra presencia en el campo obedece a la demanda de seguridad de nuestros productores de café, ganaderos, comerciantes, agricultores y otros sectores, en tal sentido siempre los estaremos respaldando para evitar que sean afectados por elementos delincuenciales”, aseguran.
Drones y escuchas telefónicas
Dora María Téllez, exguerrillera y disidente sandinista, afirma que este informe es “demoledor” para el Gobierno sandinista y demuestra que las fuerzas del orden están comprometidas con la familia gobernante.
“Se ha acusado al Ejército de proveer armas, información de inteligencia y oficiales a la represión realizada por paramilitares del régimen orteguista en los meses de junio, julio y agosto de 2018, donde fueron asesinados una enorme cantidad de jóvenes”, afirma Téllez y agrega que “la sanción contra el jefe del Ejército (Julio Avilés) es exactamente por haber convertido a las fuerzas armadas en un instrumento más de la familia Ortega, alejándolo de su papel constitucional”.
La disidente asegura que la policía de Nicaragua se ha convertido en una “fuerza de persecución política” y tiene como principal objetivo la “represión, el asedio, la persecución y el espionaje político”. El informe detalla que las oenegés nacionales, miembros de la Iglesia católica, periodistas y opositores alegaron que el Gobierno supervisa sus conversaciones telefónicas y de correo electrónico.
Así mismo, “los representantes de la Iglesia también dijeron que sus sermones fueron monitoreados” y miembros de la oposición denuncian el uso de drones para espiar sus actividades, pese a que estos son prohibidos oficialmente.
El Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a 27 funcionarios nicaragüenses cercanos a Daniel Ortega, incluidos el jefe del Ejército, Julio César Avilés, y varios mandos policiales, acusados de participar en violaciones a los derechos humanos.
Hace unos días fue presentada en el Congreso de Estados Unidos una iniciativa de ley nombrada ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, impulsada por demócratas y republicanos, cuyo objetivo es ejercer mayor presión al Gobierno de Nicaragua para aprobar reformas electorales que permitan elecciones “libres y transparentes” en noviembre de este año.
La propuesta pone en la mira a “personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua” y contempla más sanciones a funcionarios de gobierno, miembros de la Policía, el Ejército y el Consejo Electoral de Nicaragua, así como restricciones de préstamos de parte de organismos internacionales.
El Gobierno de Nicaragua afirma que las revueltas sociales de 2018 fueron un intento de golpe de Estado fallido y acusa a sociedad civil y partidos opositores de incitar a la “violencia y el odio”. Hasta ahora, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabiliza 326 fallecidos en la represión a esas protestas y los familiares de esas víctimas aún buscan justicia.
