Estados Unidos autorizó a las petroleras que operan en Venezuela a pagar impuestos y regalías al Gobierno local sin exponerse a sanciones, siempre que los recursos se depositen en cuentas controladas por Washington, en una medida que combina flexibilización económica con fuerte supervisión financiera sobre la industria energética.
En una nueva señal de ajuste en su política hacia Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una licencia que permite a las empresas del sector petrolero cancelar impuestos nacionales y regalías al Estado venezolano sin ser sancionadas, siempre que los pagos se depositen en cuentas bajo control estadounidense.
La medida, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), establece que las compañías que deseen operar en el país deberán canalizar todos los pagos fiscales “a una cuenta controlada por EEUU” para evitar restricciones, un mecanismo que busca permitir la actividad económica sin liberar completamente los flujos financieros hacia el Gobierno venezolano.
Según el Departamento del Tesoro, esta autorización forma parte de un proceso más amplio de ajustes en las sanciones energéticas, que comenzó semanas antes con la emisión de licencias generales que habilitan ciertas transacciones comerciales con crudo venezolano.
La flexibilización se enmarca en una estrategia dual: reactivar parcialmente la industria petrolera venezolana, afectada por años de sanciones, y mantener el control sobre los ingresos derivados de esa actividad. Los contratos que suscriban las empresas extranjeras con el Estado venezolano o con la petrolera estatal PDVSA deberán regirse por leyes estadounidenses y someter cualquier disputa a tribunales de ese país.
Además, la normativa mantiene restricciones relevantes: prohíbe transacciones con actores vinculados a países sancionados como Rusia o Irán, impide el uso de criptomonedas o pagos en oro, y exige reportes permanentes a las autoridades estadounidenses.
Este esquema regulatorio se inscribe en la Licencia General 46 de la OFAC, que autoriza operaciones vinculadas a la extracción, transporte, refinación y comercialización de petróleo venezolano, siempre bajo estrictas condiciones de supervisión y cumplimiento.
La decisión se produce en un momento de transición política en Venezuela y de renovado interés internacional por sus reservas de crudo, consideradas las mayores probadas del mundo. La economía venezolana depende históricamente del petróleo, pero el sector ha sufrido una fuerte caída de producción por la falta de inversión, tecnología y acceso a mercados durante los años de sanciones.
Washington había restringido durante años la transferencia de recursos hacia el Gobierno venezolano, incluso en casos donde empresas extranjeras operaban en el país. De hecho, licencias previas otorgadas a compañías como Chevron permitían mantener operaciones, pero prohibían pagar impuestos o regalías al Estado venezolano.
La nueva disposición marca un cambio significativo: permite pagos fiscales, pero bajo una arquitectura financiera controlada desde Estados Unidos, lo que, según expertos, convierte la flexibilización en una forma de supervisión directa del flujo de recursos de la industria petrolera.
El ajuste regulatorio abre la puerta para que grandes petroleras estadounidenses y europeas retomen operaciones en Venezuela, especialmente en áreas como la Faja del Orinoco, donde el crudo extrapesado requiere inversiones y tecnología avanzada.
No obstante, las condiciones impuestas sugieren que la apertura será gradual y limitada. La necesidad de someter contratos a jurisdicción estadounidense, depositar pagos en cuentas supervisadas y cumplir con estrictos controles de cumplimiento normativo evidencia que Washington busca equilibrar intereses económicos con objetivos geopolíticos.
En ese contexto, la industria petrolera venezolana entra en una nueva etapa: con mayores oportunidades de inversión, pero bajo un sistema de vigilancia financiera y jurídica que redefine la relación entre Caracas, Washington y las compañías internacionales.
