Más de cien personas han muerto en aguas internacionales desde que Estados Unidos inició en septiembre una campaña militar para destruir embarcaciones que considera vinculadas al narcotráfico. El Pentágono sostiene que se trata de “narcoterroristas”, mientras expertos, congresistas y organismos internacionales cuestionan la legalidad de los ataques.
La campaña militar que Estados Unidos adelanta desde septiembre en el Caribe y el Pacífico oriental contra embarcaciones señaladas como “narcolanchas” ha dejado ya más de un centenar de muertos, según datos oficiales divulgados por el propio Comando Sur. El último ataque, ejecutado el jueves, elevó la cifra total a 104 fallecidos en al menos 27 bombardeos realizados en aguas internacionales.
El operativo más reciente, anunciado como es habitual mediante un breve mensaje en la red social X, reportó la muerte de cinco personas. El Comando Sur afirmó que se trataba de “narcoterroristas”, una categoría que Washington ha utilizado de manera sistemática para justificar el uso de fuerza letal contra embarcaciones sin identificación clara y sin que se hayan presentado pruebas públicas de su vinculación directa con el tráfico de drogas.
“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco narcoterroristas masculinos murieron durante estas acciones”, señaló el comunicado militar difundido por el Comando Sur.
Este ataque fue el segundo de la semana. El lunes anterior, otro bombardeo en el Pacífico dejó ocho muertos, lo que evidencia la intensificación de la campaña militar que el Pentágono ha denominado Operación Lanza del Sur, cuyo objetivo declarado es “expulsar a los narcoterroristas del Hemisferio Occidental”.
La ofensiva ha venido acompañada de un despliegue militar de gran escala. Estados Unidos mantiene en el Caribe alrededor de 15.000 soldados, además del portaaviones Gerald Ford, el más grande y moderno de su flota, junto con aeronaves de combate y unidades de marines, según reportes oficiales citados por medios internacionales.
Este nivel de presencia militar ha generado preocupación en la región, especialmente en Venezuela, país al que Washington acusa de cooperar con redes criminales y organizaciones terroristas. El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró este viernes que “la amenaza más grave para Estados Unidos desde el Hemisferio Occidental proviene de grupos criminales terroristas transnacionales”, señalando directamente al gobierno de Nicolás Maduro.
Rubio afirmó además que Estados Unidos “se reserva el derecho, y tiene el derecho, de utilizar todos los elementos del poder nacional para defender el interés nacional”, una declaración que ha sido interpretada como una advertencia de que la campaña militar podría ampliarse o escalar en intensidad.
Debate jurídico y político
La ofensiva ha desatado un intenso debate en el Congreso estadounidense y entre expertos en derecho internacional. Legisladores demócratas y algunos republicanos han cuestionado la autoridad legal del presidente para ordenar ataques letales en aguas internacionales sin supervisión legislativa. Intentos recientes de regular estas operaciones mediante proyectos de ley fueron rechazados tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
Organismos internacionales, como la ONU, y diversas organizaciones no gubernamentales han expresado preocupación por lo que consideran posibles ejecuciones extrajudiciales. La ausencia de pruebas públicas sobre la participación de las embarcaciones atacadas en actividades de narcotráfico ha alimentado las críticas y ha puesto en duda la transparencia de la operación.
Expertos en derecho internacional advierten que el uso de fuerza letal en aguas internacionales solo está permitido bajo circunstancias muy específicas, como la legítima defensa o la autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguna de estas condiciones se ha cumplido, según los críticos.
La campaña militar coincide con un endurecimiento de la política exterior estadounidense hacia Venezuela. Esta semana, el presidente Donald Trump ordenó el “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entren o salgan del país caribeño, una medida que Caracas calificó de “piratería”. Maduro ha denunciado que Washington busca un “cambio de régimen” y ha alertado a la ONU sobre una “escalada de amenazas” con potencial desestabilizador para la región.
Estados Unidos sostiene que el gobierno venezolano coopera con organizaciones criminales y terroristas, incluyendo Hezbolá e Irán, y lo acusa de liderar una red de narcotráfico internacional. Rubio afirmó que “Venezuela es un régimen ilegítimo, que no solo no coopera con nosotros, sino que abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas”.
Un escenario de creciente tensión
La combinación de ataques militares, sanciones económicas y acusaciones cruzadas ha elevado la tensión en el Caribe y el Pacífico. Mientras Washington insiste en que la campaña es necesaria para frenar el narcotráfico, críticos advierten que la estrategia podría desencadenar una crisis diplomática de mayor escala.
Por ahora, la cifra de muertos continúa aumentando, y la falta de información verificable sobre las víctimas —sus identidades, nacionalidades o vínculos reales con el narcotráfico— mantiene abiertas las preguntas sobre la proporcionalidad, legalidad y consecuencias humanitarias de la ofensiva.
