Por: Paola Guarín/ Somos testigos en los últimos días de serios eventos que no precisamente orgullecen con estirpe a nuestros dirigentes o altos funcionarios del orden local o nacional. Eventos como el “usted no sabe quién soy yo” y demás piturreos que en nada engalanan la pujanza santandereana tomando como ejemplo, la bochornosa agresión suscitada hace unos días por el alcalde municipal Ingeniero Rodolfo Hernández y el Concejal John Claro, el cual es de público conocimiento y que generó una suspensión de tres meses del cargo del burgomaestre por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Sumado a esto, la existencia de un Fiscal General de la Nación vinculado con sobornos de Odebrecht y la muerte del testigo estrella, el Ingeniero Jorge Enrique Pizarro en circunstancias un tanto curiosas e inconclusas, demuestras una vez más que la corrupción y la doble moral, se convierten en una tibia combinación tan dependientes y necesarias para unos, pero bochornosas e inamisibles para el colectivo ciudadano que pide a gritos un poco de respecto de las clases políticas y dirigentes, en aras de proteger la moralidad y el erario público.
El costo político de la baja credibilidad y el anti-decoro, es un efecto de sinergia que denota una falta liderazgo probo y responsable, cuya primera fuente de tal construcción, en principio, debe ser desde la base de una idónea educación humana y política.
Ahora bien, desde el punto de vista legal, el deber ser de la moralidad pública según las líneas jurisprudenciales de la Honorable Corte Constitucional, «constituye cabal desarrollo de la Carta Política, pues la prevalencia del interés general (art. l); la proclamación de un orden justo (art. 2) y la vigencia de los principios axiológicos que en el Estado Social de Derecho guían la contratación pública como modalidad de gestión que compromete el patrimonio y los recursos públicos, cuya intangibilidad las autoridades están obligadas a preservar (arts. 209) hacen, a todas luces, necesario que el legislador adopte mecanismos idóneos para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de los responsables de la contratación estatal, con miras a la recuperación de la totalidad de las sumas que desvían del patrimonio público, a causa de la corrupción administrativa, en materia de contratación pública”.
Sin embargo, existe un problema de la representatividad del poder, de la moralidad administrativa y la democracia, pues no es único del ordenamiento nacional, punto álgido que a hoy jurisconsultos y críticos, señalan la necesidad de robustecer ciertas las conductas.
En un contexto como el actual, donde la democracia occidental vive un replanteamiento al ejercicio de las funciones públicas, el poder judicial se ha visto sometido a una participación decisiva, que busca una debida administración. La actuación del juez o como el ministerio público en el caso puntual de la decisión de suspensión del alcalde de Bucaramanga, debe circunscribirse a casos en los cuales se hayan agotado otros mecanismos que tengan como objetivo una debida administración entre otros.
A escasos días de terminar el año 2018, como si fuese un evento premonitorio natural y consecuencial, el álter ego de muchas figuras públicas, que a hoy no gozan de una buena credibilidad y popularidad, producto del resultado de actos bochornosos y paupérrimos, que en ultimas afectan la gobernabilidad de todo un país.
Tomemos nota y la necesidad de crear conciencia electoral, es en últimas la única herramienta junto con las acciones legales contundentes y pertinentes, en aras del ejercicio sano de la veeduría ciudadana, como deber moral y responsable de colectivo ciudadano.
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