Casi un mes después de multitudinarias protestas y suspensión de ayuda financiera, Sudán anuncia un sorpresivo acuerdo con miras a resolver la crisis desatada por el golpe de Estado del pasado 25 de octubre.
El equipo de negociadores formado por líderes civiles y militares pactaron el retorno del depuesto primer ministro de transición, Abdalla Hamdock, para que lidere un gobierno tecnócrata independiente, según confirmó Fadlallah Burma Nasir, líder del Partido político Umma, uno de los principales del país.
Además, los mediadores han acordado “liberar a todos los detenidos políticos”, exigencia que Hamdock había puesto sobre la mesa de negociaciones.
Desde el golpe militar liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan el propio Hamdock había estado bajo arresto domiciliario, así como la mayor parte de su gabinete, entre ministros y otros líderes políticos.
Pero el anuncio también es recibido con desconfianza por parte de algunos sectores. La principal coalición de oposición civil de Sudán, las Fuerzas de Libertad y Cambio, respondió que no reconoce ningún acuerdo político con el Ejército.
Además, el movimiento opositor informó que continuará las protestas masivas que rechazan el control de los militares. De hecho, tras conocerse la noticia del retorno del primer ministro, miles de personas marcharon hacia el palacio presidencial de Jartum, la capital, cargando banderas de la nación y fotografías de los fallecidos durante las protestas desde el golpe militar. Fueron recibidos por los gases lacrimógenos de las fuerzas de seguridad.
La reciente toma del poder a la fuerza frustró la transición a la democracia que Sudán trataba de sostener, posterior al derrocamiento del autócrata Omar al Bashir, en 2019.
Pese a las negociaciones que se adelantaban el nuevo giro resulta sorpresivo. La semana pasada, Gibreil Ibrahim, ministro de Finanzas del gobierno derrocado, pero que respalda al Ejército, aseguró que el retorno a una Administración con las autoridades depuestas era “poco realista”.
El líder del golpe de Estado, el general Abdel Fattah al-Burhan, disolvió el Consejo Soberano, el órgano cívico-militar que gobernaba el país y el cual lideraba, según justificó para “evitar una guerra civil”, ante las discrepancias entre los líderes políticos y militares que compartían el poder.
Las presiones que habrían motivado el acuerdo
Según funcionarios sudaneses que hablaron en condición de anonimato, la Organización de Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos y otros gobiernos jugaron “papeles clave” para forjar el nuevo acuerdo.
La interrupción del proceso que intentaba una estabilidad política en el país desencadenó una ola de multitudinarias protestas y huelgas, a las que se sumaron las acciones de Occidente.
En retaliación por el golpe de estado, Washington suspendió la entrega de 700 millones de dólares en asistencia financiera directa, un duro golpe para la ya devastada economía de un país.
Además, el Banco Mundial canceló sus desembolsos para Sudán. La situación financiera se agudizó aún más después de la separación de Sudán del Sur, oficializada en 2011, llevándose consigo más de la mitad de los ingresos públicos y el 95% de las exportaciones de petróleo.
Asimismo, distintas organizaciones civiles y gobiernos de la región levantaron sus voces contra la respuesta de los militares hacia quienes se manifiestan en las calles.
El pasado 17 de noviembre, en una de las mayores protestas contra el Ejército, 15 personas murieron por disparos de los uniformados. Y el total de fallecidos, desde el golpe de Estado, ascendió a alrededor de 40, según cifras del Comité Central de Médicos del país.
