Por: Sebastián Aristizábal/ Después de más de un mes de marchas, movilizaciones, enfrentamientos y bloqueos, resulta inevitable sacar conclusiones desesperanzadoras para el momento que atraviesa el país. Las marchas que empezaron con el ánimo de lograr el archivo de una reforma tributaria que afectaba a la clase media para poder sostener los estragos de la pandemia, fueron exitosas y pusieron a reflexionar al gobierno y al congreso para buscar otra manera de mantener la equidad y la reactivación económica, pero, los ánimos y la euforia desbordante terminaron en enfrentamientos violentos que hicieron que las peticiones organizadas se volvieran una guerra desmedida entre los ciudadanos y el estado.
Estas manifestaciones pasaron de ser un llamado esperanzador a la unidad, a ser una serie de bloqueos que crearon serias heridas a la economía que tanto se buscaba reactivar, causando pérdidas económicas de cerca de 11 billones de pesos según el Ministerio de Hacienda, esta disminución de la actividad comercial terminó por ahogar pequeñas empresas. También, estas mismas obstrucciones afectaron el transporte de alimentos, ocasionaron la quiebra de campesinos, la muerte de dos bebes por impedir El Paso de ambulancias y la amenazante ‘asistencia militar’ acompañada del aumento en el despliegue de la policía en las ciudades, medidas extremas para atender desorden público, sin embargo, esto ha ocasionado más violencia de lado y lado.
Llegar a este punto hizo perder la legitimidad de las protestas y aumentar la represión del gobierno, que aún, luego de una larga espera no se pone de acuerdo con el comité del paro. Esta falta de concertación entre las partes ha creado un nivel de desconfianza sin precedentes, y esto es un grave error, pues quienes están en las calles piden cambios, pero no confían en las instituciones, piden participación democrática en la toma de decisiones, pero no creen en el Congreso, quieren negociar, pero no se sientan a dialogar y los que se movilizan no se sienten representados por quienes conforman el Comité.
La reacción del gobierno está limitada también por las maniobras de emergencia que ha tenido que hacer por la pandemia y porque groso modo, las solicitudes del paro implicarían una inversión de 80 billones de pesos, una cifra imposible de conseguir a estas alturas del partido. Aún haciendo caso a las medidas más extremas, como reducir el congreso, no lograría ni siquiera acercarse a tal monto, pues se estima que para lograrlo se necesitarían 4 reformas como la planteada en el Big Bang del descontento social.
Las peticiones son muy amplias para lograr llevarlas a feliz término y el gobierno es muy rígido para seguir cediendo, aún cuando se avanzó con el retiro de la reforma a la salud y la matrícula cero en universidades públicas, intentar gobernar a través de la protesta no es viable cuando el plan de gobierno se ejecuta de acuerdo con lo que los colombianos eligieron en las urnas, acertado o no, esa fue la decisión, así funciona la democracia; el único cambio efectivo serán las próximas elecciones, que desde ya, aprovechando esta coyuntura, se empieza a definir el campo para la contienda, sacando réditos desde la oposición y endureciendo la postura del partido de gobierno.
Entonces, o se sientan a negociar o seguiremos corriendo en círculos, levantando mil bloqueos (1.033) como los que ha hecho el ejército y la policía, aguantando la terrible situación de muertes y desaparecidos por una guerra entre hermanos que no tiene sentido, la oleada de fake news que solo desinforman y crea odios y la politización de todo lo que pasa en Colombia.
Urge llegar a acuerdos, devolverle la legitimidad a la protesta social, crear confianza entre gobierno, congreso y ciudadanos, y lograr el desbloqueo más importante y a la vez el más sencillo: el del diálogo.
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*Comunicador social, especialista en comunicación estratégica. Asesor de campañas políticas y productor de podcast.
