«Los artistas son los mejores embajadores de los derechos civiles, de los derechos culturales, de la libertad de expresión» y ese es «el gran temor» del gobierno, dice Lavastida, de 38 años y aún atormentado por los «87 días» que pasó en prisión, quien ahora reside en Berlín.
«Cuando te envían al exilio (…), lo que piensan es que, en definitiva, tú te vas a olvidar de todo esto». «No es así», agrega.
Aceptar el exilio con su pareja, la escritora y activista Katherine Bisquet, miembro del contestatario Movimiento San Isidro (MSI), fue la condición para terminar su encierro en el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana, donde sufrió «interrogatorios sostenidos» y amenazas de ser condenado a entre «15 y 18 años» de cárcel, según cuenta.
«Tengo pesadillas recurrentes sobre la prisión», añade Lavastida, detenido bajo cargos de «incitación a delinquir» después de regresar a Cuba tras concluir una residencia en una galería de arte de Berlín.
Lavastida «ha estado incitando y convocando a la realización de acciones de desobediencia civil en la vía pública, utilizando las redes sociales y la influencia directa sobre otros elementos contrarrevolucionarios», señaló el medio oficial Razones de Cuba.
El gobierno acusa al artista y a otros activistas que ha forzado al exilio, prohibido entrar al país o sometido a detenciones de corta duración, de formar parte de un plan diseñado y financiado desde Washington para provocar un cambio de régimen en la isla.
En un reciente discurso, el presidente Miguel Díaz-Canel acusó a la embajada de Estados Unidos de «identificar y promover líderes, sobre todo jóvenes», y de «prepararlos en el extranjero» con esos propósitos.
Para las autoridades «es difícil creer que hay una juventud (…) que tiene tanta vocación por la libertad», considera Lavastida.
«Aumento de la presión»
Forzar a opositores a marcharse es una estrategia del gobierno comunista desde el triunfo de la revolución en 1959, incluso a cubanos que lucharon junto a Fidel Castro, como el comandante Eloy Gutiérrez Menoyo, quien se asiló en España tras ser excarcelado en 1986.
Aunque la expedita práctica oficial fue acogida por algunos activistas como una vía para emigrar, haciendo méritos antigubernamentales.
«La práctica y las ‘soluciones’ son las mismas, ahora recrudecidas por el aumento de la presión y la extensión del disenso hacia todos los sectores de la sociedad», opina el opositor Manuel Cuesta Morua, de 59 años.
Después de las históricas manifestaciones del 11 de julio, que dejaron un muerto, decenas de heridos y más de mil detenidos, surgió un nuevo llamado a protestar el 15 de noviembre.
Según la oposición, en los últimos meses decenas de activistas recibieron la propuesta de exiliarse, entre ellos el artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, detenido desde aquel día, y Maykel Osorbo, coautor de la polémica canción «Patria y Vida», preso desde mayo.
Al opositor José Daniel Ferrer, de 51 años, «le han propuesto marcharse muchísimas veces», asegura su esposa Nelva Ortega.
Ferrer, que volvió a prisión el 11 de julio, formó parte de los 75 presos de la Primavera Negra de 2003. La mayoría fueron excarcelados en 2010 a cambio de exiliarse en España, pero él se negó a salir del país y fue liberado en 2011.
La más reciente expatriación forzosa fue la de la youtuber Ruhama Fernández. «No dejé mi tierra, me obligaron a salir y fui escoltada hasta el mismo avión», dijo en Twitter al llegar a Miami a finales de octubre.
Prohibido entrar
La artista Tania Bruguera (53) aceptó irse el mes pasado, después de unos «10 meses en prisión domiciliaria», aunque sin renunciar al retorno.
«Hay que normalizar que las personas, aunque piensen diferente, puedan entrar y salir del país, es nuestro derecho», señala Bruguera, que obtuvo un lugar como profesora en Harvard.
Otros opositores como la periodista Camila Acosta (28), corresponsal en Cuba del diario conservador español ABC, se niegan a salir. «Sería huir del problema», dice. Lleva más de 100 días de «reclusión domiciliaria».
Otra estrategia es la prohibición de entrar al país. El jefe de Asuntos Consulares de la cancillería cubana, Ernesto Soberón, dijo en septiembre que es «mínimo» el número de cubanos que está en esa condición, fundamentalmente por «situaciones de seguridad nacional».
Así sucedió con la periodista Karla Pérez, de 23 años, que regresaba en marzo a Cuba tras concluir sus estudios en San José, luego de ser expulsada de una universidad cubana por sus vínculos con opositores fuera de la isla.
«Es la respuesta ante nuestras constantes denuncias de violaciones de derechos humanos», asegura Pérez, que escribe para el medio opositor ADN. No ver a su familia en casi cinco años ha sido «lo más duro».
