Por: Ronald Picón Sarmiento/ Este fin de semana Bucaramanga disfruto de una fiesta alusiva a la empanada. En el parque de la concha acústica y durante varios días se congregaron más de 30 pequeños y medianos empresarios encargados de deleitar el paladar de los bumangueses.
Dicho festival se consagró como un evento de ciudad, que convocó a más de 55 mil personas entre niños, adultos y ancianos, gentes propias y foráneas que viajaron incluso de otras ciudades a deleitarse de estas exquisiteces santandereanas.
Hubo empanadas para todo tipo de gustos desde las rellenas de butifarra, carne oreada y lechona, las había de mollejas, también de pepitoria, la famosa argentina y hasta la muy apetecida empanada de Valle de San José rellena de queso fundido con trozos de chorizo caramelizado.
El plan estuvo a todo dar, se podía observar a familias completas sentadas en el césped, o haciendo fila para comprar la empanada de su preferencia, otros corrían y disfrutaban una buena bebida, en fin, sirvió para integrar ciudad y familias en derredor de una pieza alimenticia básica para todos los colombianos.
Y es que este evento surge en plena convulsión generada por la aplicación de la Ley 1801 de 2016, mejor conocida como el nuevo Código Nacional de Policía, el cual dio mucho de qué hablar al ser aplicado abusivamente por unos oficiales de la policía, quienes, sin mediar razón alguna y resultado de una mala socialización de la norma, impusieron una multa injusta de 800 mil pesos a un joven por comprar una empanada o pastel de pollo en una de las calles de la ciudad capitalina.
Este nuevo Código de Policía fue creado como una supuesta forma de modernizar las medidas correctivas, de seguridad y convivencia del país, sin embargo, lo que se mostró con un enfoque preventivo, ha resultado ser netamente represivo, con formas abusivas de control social que no se acompasa con el respeto mínimo de los derechos humanos, pues, desafortunadamente está siendo aplicado por una institución que a la fecha reporta más de 9000 investigaciones disciplinarias abiertas en contra de sus agentes por abuso de autoridad, incumplimiento de órdenes directas, agresión física, manipulación imprudente de armas de fuego, entre muchas otras.
El artículo 140 del nuevo Código de Policía, en su numeral sexto estipula que promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente es un comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público y esta como tal prohibido, por ende es sancionable; disposición normativa que no leyó el alcalde Rodolfo Hernández, ni su sequito de asesores, quienes dieron paso al mal llamado Plan Maestro de Espacio Público, mejor conocido por sus siglas “PMEP”.
En este proyecto de planificación para, supuestamente, reivindicar el espacio público, mejor llamado “piel de la democracia”, la alcaldía sin pruebas, ni argumentos veraces, arguye la existencia de una supuesta mafia que feriaba los espacios en la calle a razón de 10 a 15 mil pesos diarios por vendedor ambulante, justificando con esta teoría conspirativa de presunta corrupción citadina, implementar el “PMEP” que no es otra cosa, que una venta indirecta del espacio público para aquellos vendedores que se comprometan a sufragar por el próximo candidato “Refrito o quemado” que ponga el burgomaestre vegete.
Arengas, gritos, insultos, peleas, riñas, golpes, llanto, desesperación y gente encadenada es lo que se ve por estos días en el Paseo del Comercio, de personas que reclaman poder ejercer libremente su “derecho a sobrevivir” y que les está siendo cercenado por un alcalde mendaz que incumplió las promesas que ayer hicieron que estos incautos incultos lo eligieran.
Ahora bien, estas determinaciones del alcalde desconocen abiertamente los derechos de estos trabajadores informales, quienes luchan día a día por llevar de forma sana y pacifica el sustento a sus hogares, pero que se encuentran con la cruda realidad que su mandatario apoya más a los venezolanos que a los pobres trabajadores colombianos que se desgarran por comida en la ciudad; esta determinación de desalojar el espacio público va en contravía directa de la decisión tomada por la Corte Constitucional en la Sentencia No. C-211 de 2017 la cual “condicionó la aplicación de las sanciones establecidas para ocupación del espacio público a que cuando se trate de los vendedores no se les pueden aplicar las multas, ni el decomiso o destrucción de la mercancía, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes programas de reubicación”, programas que brillan por su ausencia en Bucaramanga, que nadie conoce y que el señor Rodolfo Hernández pretende disfrazar con esta venta ilegal de las calles de la ciudad.
Habrá que revisar la legalidad entonces de este mal llamado Plan Maestro de Espacio Público que para alquilar espacio público de nuestra ciudad exige a cada vendedor además de un pago diario de dos mil a cinco mil pesos los siguientes requisitos:
Jornadas de capacitación con el Instituto de Empleo de Bucaramanga, IMEBU.
Entrevista psicológica.
Visita de personal de trabajo social a sus hogares.
Fase de elección de mobiliario y ubicación.
Liquidación de retribución para el Municipio por la ocupación del espacio.
Suscripción de contrato.
Acta de iniciación del proceso.
Los gremios de vendedores informales deben seguir en pie de lucha y adelantar todas las acciones legales tendientes a hacer cumplir los derechos fundamentales que les asisten y que les fueron reconocidos por vía de la sentencia de constitucionalidad ya referida.
Ahora en medio de este caos, generado por la ambición electorera y la improvisación de un alcalde artificioso, que pretende vender a unos cuantos los parques y el paseo del comercio, reprimiendo a los demás con la Policía Nacional y las facultades que les fueron otorgadas por el Nuevo Código Nacional de Policía, se desarrolló el Festival de la Empanada como una idea impulsada por Rafael Villarreal Larios un modesto y humilde empresario que con su iniciativa impacto a la ciudad y logro la “reconciliación” entre la empanada y la policía pues el mismo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Manuel Antonio Vásquez Prada, se hizo presente a la fiesta y con varios mordiscos a una empanada gigante saneo y zanjo toda contienda entre la autoridad y nuestro pastel emblemático.
Es de resaltar entonces que el Festival de la Empanada es una respuesta rebelde pero emprendedora que reta de alguna manera no solo el nefasto mensaje que fuera replicado por aquella sanción insulsa por comer empanadas, sino también a la administración municipal que en la organización de las Ferias pasadas le dieron un rotundo no a liderar esta fiesta que hoy muestra más gestión y hace más por la ciudad que lo ejecutado por el alcalde Hernández los pasados tres años y medio.
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