Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, envió una carta al presidente Iván Duque en la cual señala posibles afectaciones a la democracia del país por el cuestionado trabajo de la Registraduría.
Según señaló el exmandatario, el sistema democrático de Colombia está en entredicho y el “golpe de Estado” del que se ha hablado, “ya está dado”.
Pastrana sostuvo que las irregularidades que en torno a las elecciones pasadas favorecieron al Pacto Histórico y que podría pasar lo mismo para elecciones presidenciales favoreciendo a Gustavo Petro.
El exmandatario sostuvo en su carta que se ha “visto obligado a interponer infructuosos recursos judiciales en busca de respuestas a la relación de Gustavo Petro y el registrador Alexander Vega con Indra”, empresa de consultoría con la que la Registraduría tiene contratos.
Asimismo, manifestó que le ha “rogado” al gobierno que verifique “la pureza de las elecciones de Congreso mediante el análisis forense del software y de los resultados que este arrojó tras la aparición del misterioso millón o más de votos”.
Para Pastrana, “el silencio ha sido cómplice de lo que a todas luces es un fraude sin antecedentes”. De la misma manera, sostuvo que es deber del mandatario trabajar para que “las relaciones de funcionarios responsables del proceso electoral, del registrador que no constituye garantía para las elecciones limpias, y del candidato Petro con Indra deben aclararse de cara a Colombia y el mundo”.
“A apenas días de la primera vuelta de la elección presidencial, la gravedad y protuberancia de estos hechos demanda una respuesta inmediata del Ejecutivo”, exigió Pastrana en su misiva. Igualmente, concluyó con que “a estas alturas el país y la democracia no aguantan una leguleyada más como evasiva”.
En la carta, el exmandatario sostiene que “la evidencia científica es la única respuesta aceptable y oportuna ante los indicios graves de corrupción del proceso y de sus guardianes”.
También destacó que, según él, “hoy mismo, por motivos obvios. El golpe de Estado está dado, señor presidente. Por el bien de Colombia, deshágalo”.
A pesar de los cuestionamientos que ha recibido el registrador Alexander Vega por su gestión, el pasado domingo 22 de mayo, dio apertura a las elecciones en el exterior, para que colombianos que residan en otros países puedan ejercer su derecho al voto.
Asimismo, el pasado fin de semana, Vega aseguró que hay todas las garantías para que las elecciones se desarrollen sin problema y sean transparentes. Según él, “el sistema es invulnerable”.
La respuesta del gobierno
El ministro del Interior, Daniel Palacios, le respondió al expresidente Andrés Pastrana indicando que las denuncias de un posible ‘golpe de Estado’, durante las elecciones presidenciales, deben ser investigadas por los órganos de control y de investigación, quienes pueden determinar la validez de esas denuncias.
Palacios señaló que desde el Gobierno, como constitucionalmente se indica, la responsabilidad es acompañar el proceso, garantizar la seguridad, así como vigilar dentro de la Comisión de Garantías que, las recomendaciones y observaciones de los partidos se cumplan.
«Hay un plan de mejoramiento que está avanzando; yo no podría referirme a estos señalamientos que hace el expresidente Pastrana, pero sí diría que deben ser los órganos de control y los órganos de investigación quienes determine la validez de esas denuncias. Cuando en Colombia se presenta una denuncia no quiere decir que es cierto, quiere decir que hay que investigar y en ese sentido la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría deben avanzar en las investigaciones pertinentes», expresó el funcionario.
En ese sentido el ministro del Interior recordó que, «el Gobierno Nacional no es el jefe de la Registraduría Nacional del Estado Civil (…) El Gobierno no elige al registrador, eso es producto de un proceso meritocrático en donde luego los presidentes de las altas cortes toman esa decisión. Mal haría en pensar que el Gobierno tiene injerencia sobre el futuro de la registraduría, sobre sus funcionarios».
Palacios reiteró que el Gobierno no tiene competencias ni de investigación, ni de vigilancia e inspección, ni sancionatorias frente a funcionarios de la organización electoral.
«Son los órganos competentes como la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría general quienes pueden adelantar investigaciones de tipo penal, disciplinario o fiscal», dijo.
Entre tanto, Palacios enfatizó en que el actuar del Gobierno, en el proceso electoral, es el de garantizar la seguridad y el orden público. «Frente a eso, tenemos hoy un ‘Plan Democracia’, con más de 300,000 uniformados desplegados en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de más de 112,000 mesas que están por todo Colombia en este momento, ya listas para ejercer».
Además, les compete garantizar que el material electoral pueda llegar a todos los rincones del país para que se pueda empezar el proceso electoral y así disponer de los recursos para que la organización pueda avanzar en realizar el proceso electoral.
«El Gobierno no ejerce de jurado y no ejerce sobre la Registraduría injerencia diferente a la de coordinar la Comisión Nacional de Garantías Electorales», concluyó.
