Descalzos -muchos en pañales- los niños juegan, ajenos a las circunstancias, con palos y juguetes donados, algunos están aprendiendo a dar sus primeros pasos. Las abuelas cocinan al fuego de leña patatas y arroz, para algunos su única comida del día. Dentro de las tiendas improvisadas algunas madres lactantes y mujeres embarazadas tejen sus artesanías. “¡Guardia, Guardia, Fuerza, Fuerza!”, los hombres más jóvenes se entrenan con sus bastones de madera, bajo la mirada de los líderes adultos.
Esta es la postal de las últimas tres semanas en el céntrico Parque Nacional de Bogotá. Cerca de 1.200 indígenas de 13 comunidades y pueblos desplazados de todo el territorio colombiano esperan allí un inminente desalojo, mientras aguardan, a modo de protesta, en el precario campamento. “Estamos cansados, pero exigimos unos derechos mínimos y unas garantías para el retorno, tanto al Distrito como al Gobierno nacional, pero no se han sentado con nosotros a dialogar”, se queja Rafael Arbeláez, vocero indígena del pueblo kubeo, del suroriente del país.
Algunas de las familias, en su mayoría indígenas emberas, llegaron a la ciudad hace años, otras lo hicieron durante la pandemia o hace tan solo un par de meses. La violencia en sus territorios por el control de la tierra, el conflicto armado colombiano, las persecuciones, el narcotráfico, la minería o el hambre son algunas de las razones por las que fueron forzados a abandonar sus resguardos.
Víctimas del conflicto armado y de la discriminación
“El tema del conflicto armado se ha recrudecido en los territorios. Allá sí no nos asesinan por un tema de minería ilegal, por un tema de conflicto armado, de micro tráfico, cultivos ilícitos… salimos para cuidar la vida en las ciudades y acá también nos asesinan de otra forma: culturalmente, físicamente, nos revictimizan, nos discriminan, nos segregan”, denuncia la lideresa indígena nasa, Violet Medina.
En improvisadas carpas de plástico negro, con cartones como colchón y sin apenas mantas, las familias sobreviven gracias a las donaciones ciudadanas que los líderes indígenas se encargan de distribuir. Muchas madres que cargan a sus bebés amarrados a sus espaldas se quejan de que la ayuda no es suficiente: “no tenemos nada, hoy no nos dieron de desayunar”, repiten.
Jessica Restrepo, embarazada de ocho meses, habita una de las carpas -construida con apenas tres plásticos- junto con sus tres hermanas, siete niños menores de cinco años y sus padres ancianos, todos ellos procedentes del resguardo embera de Pueblo Rico, Risaralda, en el centro del país. “Mi tierra está muy peligrosa”, explica la joven, “amenazaron a mi hermano porque decían que era guerrillero”, agrega.
45.000 desplazados a la fuerza en primer semestre de 2021
En los primeros seis meses de 2021, casi 45.000 personas sufrieron desplazamiento forzado interno debido al conflicto armado en Colombia, según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Una problemática que afecta a miles de indígenas, como la familia Restrepo, que sobreviven en los territorios y zonas rurales del país. “Por motivo del conflicto vinimos aquí hace dos meses, pero el gobierno no nos ha ayudado, no ha cumplido. Si el Gobierno nos da garantías volvemos a la tierra, si no nos da garantías no vamos a volver”, señala.
Su madre, Ernestina, de sesenta años, explica que allí trabajaban la tierra cultivando plátano, yuca y maíz. “Todo se perdió, ¿con quién dejé a los animales, el pollo, el perrito, el sembrado? Todo abandonado”, enumera mezclando palabras en español con su lengua nativa. Su pedido para retornar es que el Gobierno y la Unidad de Víctimas les otorguen garantías económicas y de seguridad para regresar.
Mujeres que dan a luz en el campamento
Entre la ropa tendida, los más pequeños corretean con las caras sucias, signos de resfriado y otras enfermedades víricas a causa de dormir en la intemperie bajo las fuertes lluvias de los últimos días, que han agravado las condiciones de salubridad del asentamiento.
Las autoridades indígenas denuncian que al menos una docena de menores han sido trasladados al hospital, más de seis en estado crítico. El 60 % de los integrantes del campamento son niños pequeños, madres lactantes y mujeres embarazadas, algunas han dado a luz a sus bebés en el mismo parque, pero las autoridades sanitarias no se hicieron presentes hasta este sábado, 24 de octubre.
“No tenemos medicinas y muchos niños están malitos. El que no tiene diarrea, tiene tos o fiebre”, dice Bertilde, indígena embera. Hace tres años se movilizó hasta la capital desplazada del Chocó –una de las regiones con mayor violencia de Colombia, por los distintos grupos armados, paramilitares, disidencias y narcotraficantes que controlan la región– luego de que “hombres con máscara” asesinaran en su finca a dos miembros de su familia. Hasta ahora sobrevivía en la capital gracias a las ayudas económicas del Distrito y a la venta de artesanías que ella misma teje.
A su lado, su hija Ana Patricia, de 15 años, reclama poder volver a la escuela: “echo de menos estudiar, antes vivíamos en un apartamento y podía ir al colegio”. “Los niños deben estar estudiando no aquí, ¿verdad?”, cuestiona con voz sosegada.
Pasan los días sin soluciones de las autoridades
Estas comunidades aterrizaron en el popular parque después de que los subsidios a la vivienda y alimentos que entregaba el Distrito fueran suspendidos, al cumplirse, según la Alcaldía, los plazos: “los subsidios de arrendamiento solidario y los apoyos a las víctimas de conflicto armado tienen un término de un año (…) Por ley, no se pueden extender las ayudas”, dijo el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.
La alcaldesa, Claudia López, echó balones fuera, apuntando a que su Gobierno local ha entregado más de 400.000 euros (unos 465.700 dólares) en ayudas desde el pasado marzo de 2020 y apeló al papel del Gobierno nacional para la solución del conflicto con los indígenas del asentamiento. Mientras el Ejecutivo de Iván Duque no se ha pronunciado al respecto.
Sin estas ayudas monetarias, la gran mayoría fueron expulsados de sus hogares, situados en los barrios populares a las afueras de la capital, ante la imposibilidad de pagar el arriendo. De esta forma caminaron durante horas hasta llegar al Parque Nacional. “Nosotros no queremos seguir más en las calles, queremos una vida digna, una casa, una vivienda y poder buscar cómo trabajar”, pide Arbeláez, miembro de la Autoridad Indígenas Bakatá, que engloba a 13 pueblos nativos presentes.
El pasado sábado por la tarde se cumplió el plazo de 48 horas dado por la Alcaldía para la realización de una caracterización y verificación de las comunidades por parte de las entidades públicas, después de tres audiencias fallidas, la Policía anunció la orden de desalojo. “No venían con propuestas buenas, nos criminalizaban. Nosotros no estamos armados, solo tenemos los bastones para resistir”, dice Rosmira, indígena Embera.
“¿Para dónde vamos a ir si no tenemos nada?”
Ahora, en un clima de incertidumbre y temor, las comunidades se preparan para ser desalojadas por la Policía y temen el uso excesivo de la fuerza. “Nosotros diríamos que es un acto de lesa humanidad si llegan a haber eso, pero aquí en Colombia pasa de todo”, critica Medina, recordando cómo la noche en la que llegaron al parque el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) los “gaseo” para impedir su asentamiento.
Medina y otros indígenas que hacen guardia en las inmediaciones aseguran estar “preparados para lo que nos toque, aquí hemos dicho que si nos toca morirnos acá pues nos moriremos, ¿para dónde vamos a ir si no tenemos nada?”. Ese mismo cuestionamiento abunda entre los presentes. Sin embargo, el llamado de emergencia continúa siendo desatendido por las autoridades, que han reaccionado a la protesta indígena como una amenaza al espacio público y no como una manifestación de rechazo a las problemáticas que sufren los pueblos originarios de Colombia.
“Nosotros aquí vinimos por medio del orden público, de las empresas de minería. Allí en el Chocó existe todo, día y noche. Llegan muchas amenazas a los líderes que no lo quieren (el territorio) dejar explotar y ellos (las empresas) quieren contaminar nuestro medio ambiente, naturaleza, consumen todos nuestros cultivos. Ellos amenazan con la minería, las empresas, con el orden público, cobrando vacunas, entrando y sacando a los pueblos a las ciudades para desplazarlos. Por eso nosotros venimos aquí y ya toca resistir. Esta Minga es permanente”, concluye Leonival Campo, líder embera-chamí.
Las comunidades indígenas colombianas sufren todas las violencias del país. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 2016, entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, al menos 242 líderes indígenas han sido asesinados, según las cifras del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, cifras que podrían incluso ser mayores. La sexagenaria Ana, originaria del Chocó, resume resignada: “a los indios nos matan”.
Entre tanto, en el corazón de la principal ciudad colombiana, el campamento sigue pasando desapercibido para una gran mayoría de la población, acostumbrada incluso a ver la miseria expresarse en su más cruda realidad. De las autoridades, ahora muchos de los miembros de estas comunidades no esperan más que una nueva salida forzosa, de un territorio que ya no es siquiera el suyo.
