Por: José Luis Arias Rey/ La última declaración efectuada por el senador Gustavo Petro Urrego, respecto a que dos años después de iniciado el periodo presidencial del Dr. Iván Duque Márquez, él desconoce su elección, nos obliga como ciudadanos y como juristas a cuestionarnos hasta dónde va el derecho a la oposición en Colombia y cuando las conductas que devienen del ejercicio de ese derecho, rayan con el código Penal.
En una democracia, es legítimo oponerse a las acciones de un gobierno, eso hace parte de la democracia misma, los ciudadanos estamos en el derecho de controvertir por lo canales de la legalidad, las decisiones adoptadas desde el gobierno, incluso, existen mecanismos judiciales para controvertir una elección, cuando a nuestro criterio, esta, está viciada, lo que no faculta a un ciudadano, menos cuando ostenta la calidad de congresista a lanzar a diestra y siniestra, afirmaciones que deslegitiman el estado de derecho, al cual pertenece y el cual juró defender desde tan alta dignidad.
La apuesta de la Colombia Humana, en cabeza de su líder natural, desde que inició este gobierno, ha sido derrocar el régimen existente, a fin de saciar su ansia delirante de poder, al cual, ha querido acceder de manera democrática, sin que los resultados electorales lo hayan favorecido, ahora, su estrategia, es deslegitimar las instituciones y generar un caos tal, que le permita acceder de cualquier manera a ese poder que le ha sido esquivo.
La clase política colombiana, debe rodear a señor presidente legítimamente elegido por la nación colombiana y digo legítimamente, porque no existe pronunciamiento alguno, que lo deslegitime, salvo las sandeces a que ya nos tiene acostumbrados el señor Petro, los colombianos, debemos defender sin reparo alguno la elección efectuada y quienes se crean en el derecho de controvertir esa elección, tienen el derecho y el deber de cuestionarla por los mecanismos legales preestablecidos para dicha contradicción.
Esa conducta habitual de indisponer al pueblo en contra del establecimiento, debería ser investigada y sancionada con el rigor judicial y de los órganos de control, esos llamados permanentes a la desobediencia civil, deben de cesar de una vez por todas, la institucionalidad colombiana, no puede seguir siendo connivente con este tipo de actos, que contradicen la razón misma del estado, cual es, el bienestar general.
Esa mezcla simbiótica de todas las formas de lucha, en procura de obtener el poder de cualquier forma, no debe ser auspiciada bajo el pretexto del derecho a la oposición, todos y cada uno de los ciudadanos, que vivimos en el territorio nacional, tenemos el deber de acatar la constitución y la ley, quien infrinja ese deber, debe padecer el rigor de la jurisdicción sin distinción alguna.
En Colombia ha hecho carrera que la ley es para unos, mientras que otros se sustraen de su cumplimiento sin reato de conciencia, ni consecuencia alguna.
Resulta inadmisible, que cientos de alcaldes se encuentren privados de la libertad por delitos cometidos durante sus administraciones y haya otros, que a pesar de los desafueros que cometieron en las suyas, hoy se pavoneen sin sanción alguna, llamando a la desobediencia civil y deslegitimando las instituciones de nuestro país, haciendo uso para tal fin, de los mismos recursos públicos que perciben del estado.
Se inician causas penales a algunos políticos con noticias crimines anónimas que llegan a la jurisdicción, mientras que, hechos, por lo menos que merecen una explicación, como las tulas de dinero del señor Petro, ni siquiera han dado lugar a la apertura de una indagación preliminar.
El licenciamiento constructivo otorgado por el otrora alcalde del distrito capital a parientes suyos, en la Reserva Forestal Thomas Va Der Hammen, quedó en el olvido como una anécdota más, de su funesta gestión, sin que los órganos de control, ni la jurisdicción, hayan hecho algo por esclarecer esos funestos hechos.
El famoso contrato de la los carros de basura adquiridos en el mercado de la chatarra de los Estados Unidos y que evidentemente nunca prestaron servicio alguno a la capital, igual, quedó en la impunidad, habiendo causado sin lugar a duda alguna, un detrimento patrimonial a las arcas de esa ciudad.
El contrato de compra de las motocicletas eléctricas para Bogotá, las cuales dicho sea de paso nunca sirvieron para nada, hoy no cuenta con decisiones que establezcan el nivel de responsabilidad del alcalde de la época.
Se avizora en la actualidad una justicia parcial, maniquea y servil a algunos intereses y que persigue de manera implacable a otros sectores, nuestra democracia debe garantizar igualdad ante la ley y la jurisdicción, esto so pena, de permitir que aquellos que hoy llaman a la desobediencia civil, terminen siendo quienes detenten un poder, ese si ilegitimo y usurpador, que doblegue a sus contradictores y opositores, que siempre hemos sabido debatir con altura y respeto de las instituciones nacidas de la constituyente de 1991, una constitución que juramos defender por encima de cualquier interés partidista o personal, algo que la Colombia Humana olvida y trasgrede cada vez que quiere, sin que por ello pase nada.
*Abogado y Magister en Derecho Público
Twitter: @asjuram
