- El pronunciamiento refiere las razones por las cuales se estaría configurando un eventual desacato e incumplimiento del fallo judicial.
La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo solicitaron al Tribunal Administrativo de Santander, verificar y valorar la configuración de un eventual desacato por parte de la ministra de Ambiente por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordena delimitar el páramo de Santurbán.
Advirtió el Ministerio Público que, en el periodo comprendido entre diciembre del 2023 a marzo del 2024, no se conoce que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, haya realizado ningún tipo de actividad o actuación para dar cumplimiento a la Orden Quinta de la Sentencia de T-361 de 2017 proferida por la Corte Constitucional.
Así mismo, pese a los reiterados requerimientos del ente de control, aún se desconocen las razones por las cuales, de manera injustificada, la cartera ministerial suspendió el proceso de delimitación del ecosistema estratégico ni tampoco las aclaraciones sobre el incumplimiento del cronograma acordado con el Tribunal de Santander.
Alerta también la Procuraduría y la Defensoría sobre la falta de información a los participantes del procedimiento de delimitación del páramo Jurisdicciones Santurbán-Berlín a través del Micrositio “Santurbán Avanza” en la página web del MADS, el cual se encuentra desactualizado a pesar de ser el principal medio para reportar y publicar datos a todos los actores involucrados.
¡Alerta ambiental🚨! La @PGN_COL y la @DefensoriaCol solicitan acción urgente al Tribunal Administrativo de Santander ante posible desacato de la ministra de Ambiente (@MinAmbienteCo) en delimitación del páramo de Santurbán. #EsNoticia https://t.co/9S4bFncwJj pic.twitter.com/B2jSlXxCuD
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) April 24, 2024
Finalmente, la conjunta solicitud refiere un inquietante retraso en el cronograma de ejecución, programación presentada por el MADS que tampoco fue publicada en el mencionado sitio, tal como lo establece la Sentencia, lo que ha generado diversos conflictos sociales y presuntas situaciones de incumplimiento de lo estipulado en la orden y de los compromisos previos con las comunidades.
