El agua, la electricidad, el ferrocarril, el correo, la fibra óptica. El opositor Partido Laborista británico de Jeremy Corbyn promete en caso de ganar las legislativas de diciembre grandes nacionalizaciones que entierren la era de la privatización lanzada por Margaret Thatcher.
En su programa electoral publicado el jueves, los laboristas afirman que las privatizaciones llevadas a cabo por los conservadores durante décadas son «un desastre» que condujo a falta de competencia, precios elevados y «miles de millones desviados para pagar dividendos a los ricos accionistas».
El principal partido de la izquierda británica aparece de momento lejos por detrás de los conservadores de Boris Johnson en los sondeos. Pero ¿cuáles serían las ventajas y los inconvenientes del retorno de estos sectores al ámbito estatal si consigue llegar al poder?
«Argumentos fuertes»
La conservadora Thatcher, reina de las privatizaciones, se convirtió en primera ministra en 1979 en gran medida gracias al feroz descontento generado entre los británicos por una serie de huelgas en los servicios públicos entonces estatales.
Querer renacionalizar ahora estos servicios puede parecer un retorno 40 años atrás, pero todas las privatizaciones de las últimas décadas no funcionaron como se esperaba.
En particular, la del tratamiento y suministro de agua se vio fustigada por los «pagos excesivos a los accionistas, la deuda que se acumuló, el mediocre mantenimiento de la red» que se tradujo en escapes masivos, señala Jonathan Portes, profesor de políticas públicas en el King’s College de Londres.
Estos fallos, sumados a una falta de competencia para los consumidores, crean «argumentos fuertes a favor de una nacionalización», dice Portes.
En lo que concierne a la conexión de alta velocidad a internet, la red funciona muy mal en numerosas regiones fuera de Londres y esto castiga a la actividad local. Los trenes, por su parte, registran frecuentes retrasos y precios elevados y las quejas son diarias en un sector que recibe importantes subvenciones.
Fuga de inversión, deuda disparada
El primer ministro Johnson se apresuró a denunciar los proyectos laboristas como «gastos irresponsables que asestarían un golpe a la economía británica».
Los laboristas afirman querer financiar este programa con subidas de impuestos a los más ricos y a las empresas, pero la compra de las compañías concernidas (BT Openreach, Royal Mail…) provocaría probablemente un fuerte aumento de la deuda pública británica.
La patronal denunció por su parte el riesgo de una fuga de inversiones ante la amenaza de nuevas nacionalizaciones que podrían perjudicar a los accionistas.
En opinión de Portes, los laboristas deben, sobre todo, especialmente en el caso de los trenes, «demostrar que tienen un plan para organizar el sector ferroviario si fuera renacionalizado». Si no, se corre el riesgo de colosales perturbaciones en una red que ya suele tener problemas.
Los economistas se pregunta asimismo el interés de renacionalizar el Royal Mail, en un momento en que el correo tradicional no cesa de perder terreno.
John van Reenen, profesor de la London School of Economics, señala que las promesas electorales privilegian el corto plazo y perjudican al debate de fondo sobre las inversiones estructurales.
¿El verdadero problema?
«Estos debates sobre público contra privado no son pertinentes», considera Van Reenen, para quien la propiedad no es lo más importante.
Este experto señala que es a menudo la regulación la que puede resolver los problemas. Así, para que todo el país pudiese tener internet de alta velocidad, gratuito o a bajo precio, bastaría con «fuertes subvenciones» y directivas obligatorias para el operador privado BT, explica.
En el sector eléctrico, para acabar con los abusos, el gobierno ya «reintrodujo límites a los precios».
«La pregunta es ¿queremos más competencia? ¿Cómo lograr inversiones a largo plazo?», concluye Van Reenen. Y sobre todo, «¿sería mejor para los consumidores?».
