Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez/ La Ley 1333 de 2009, que regula el procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia, debería ser una herramienta clara y efectiva para encarar esas fallas. Sin embargo, la práctica muestra grietas preocupantes que conviene exponer con franqueza si queremos una Bucaramanga más segura, sostenible y justa.
Primero, la Ley 1333 ordena un procedimiento sancionatorio ambiental con fines preventivos, correctivos y compensatorios; en esencia, pretende que las sanciones no sean un fin recaudatorio sino un mecanismo para restituir el equilibrio ambiental y proteger la salud pública. En el papel, las autoridades ambientales son las competentes para imponer sanciones y medidas preventivas; en la práctica, sin embargo, esa titularidad se diluye entre competencias territoriales, burocracia y la insuficiente capacidad técnica de muchas oficinas locales.
El resultado: infracciones repetidas —establecimientos que superan los límites de ruido, malos manejos de residuos o incumplimientos de condiciones de salubridad— que no siempre terminan en sanciones proporcionales ni en planes de corrección efectivos.
En Bucaramanga, la regulación local sobre control de ruido y los recientes operativos de la Alcaldía muestran que el problema no es teórico.
Las inspecciones han identificado establecimientos que exceden los límites permisibles de decibeles y —cuando existe acción— las respuestas suelen ser medidas de corto alcance: amonestaciones, cierres temporales o sanciones económicas que, en algunos casos, se pagan como costo operativo y no generan cambios estructurales.
Esa dinámica mina la credibilidad de la norma y deja a los vecinos y trabajadores como víctimas recurrentes. La reciente intensificación de controles en zonas comerciales demuestra voluntad institucional, pero no reemplaza la necesidad de estrategias integradas y sostenibles.
En teoría, la Ley 1333 de 2009 fue creada para poner orden: sancionar, prevenir, corregir y compensar los daños ambientales. En la práctica, su aplicación en Bucaramanga muestra vacíos preocupantes que terminan beneficiando a los infractores y dejando a la comunidad dejando con esto una serie de falencias que hay en estas situaciones.
1- Capacidad técnica y recursos limitados.
La autoridad local carece de equipos calibrados, personal especializado y sistemas de seguimiento constantes. Sin sonómetros en buen estado, sin inspectores capacitados y sin datos públicos, cualquier sanción pierde legitimidad. Y así, el ruido sigue siendo la banda sonora obligada de muchos barrios.
2- Fragmentación institucional.
Entre Alcaldía, ANLA, corporaciones regionales y ministerios, se reparten responsabilidades sin protocolos claros de coordinación. ¿El resultado? Procesos lentos, sanciones que se diluyen y una sensación de que “caer entre redes” es la estrategia perfecta para los infractores.
3- Sanciones poco disuasivas.
Las multas, lejos de generar cambios, terminan siendo un gasto más en el presupuesto de los bares y discotecas. No exigen planes de reparación ni inversiones ambientales serias, y eso convierte a la infracción en un negocio redondo: se paga y se sigue igual.
4- Falta de enfoque en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
El ruido y las emisiones son el centro del debate, pero la salud de los trabajadores se invisibiliza. Horarios extremos, exposición a decibeles dañinos, ausencia de elementos de protección, falta de capacitación en emergencias: la nómina nocturna está desprotegida.
5- Baja participación ciudadana.
Las denuncias de vecinos y trabajadores rara vez llegan a un proceso con seguimiento real. Y cuando lo hacen, la reparación no siempre incluye a los afectados. Esto alimenta el escepticismo: denunciar parece inútil.
La crítica solo vale si empuja soluciones. Bucaramanga requiere acciones que conecten la protección ambiental con la salud de quienes trabajan y viven de la noche. Estas son:
Fortalecimiento técnico real. El Ministerio de Ambiente debe garantizar equipos modernos, capacitación constante y un sistema digital público de infracciones. Transparencia significa menos impunidad.
Protocolos interinstitucionales efectivos. ANLA, Alcaldía, Bomberos, Policía y secretarías deben actuar como un solo cuerpo. La Ley 1333 ya reconoce la competencia, pero falta operatividad en campo con plazos claros y roles definidos.
Sanciones transformadoras. Más que multas, se necesitan correctivos obligatorios: aislamiento acústico, manejo de residuos responsable, filtros en sistemas de ventilación, auditorías independientes. La sanción debe obligar a cambiar la práctica.
Integración ambiental y SST. Trabajadores protegidos significan empresas sostenibles. Evaluación de exposición sonora, EPP certificados, pausas de trabajo, capacitaciones en primeros auxilios y planes de emergencia deben ser obligatorios en el sector nocturno.
Reconocimiento a las buenas prácticas. No todo debe ser castigo. Incentivos como descuentos en tasas, distintivos ambientales y promoción institucional para los establecimientos que hagan bien las cosas, resultan más eficaces que sancionar eternamente.
Veeduría ciudadana con poder real. Plataformas digitales para denuncias, protección a denunciantes y participación activa de juntas de acción comunal. La vigilancia social es la clave para romper la impunidad.
La vida nocturna dignifica a una ciudad cuando logra equilibrio: diversión sin atropellar derechos, negocio sin sacrificar salud, música sin convertir el ruido en enfermedad. La Ley 1333 puede ser la herramienta que necesitamos, pero solo si se aplica con coherencia, firmeza y visión integral.
En Bucaramanga hay normas, hay operativos y hay voluntad. Lo que falta es consistencia entre diagnóstico, sanción y reparación. Mientras no exijamos que las multas vayan acompañadas de planes de corrección efectivos, seguiremos viendo la misma película: negocios que pagan y reinciden, comunidades que sufren y trabajadores olvidados.
Como ingeniero ambiental y ciudadano, me atrevo a plantear la ruta: más técnica, menos improvisación; sanciones que cambien conductas, no que engrosen arcas; integración entre ambiente y salud laboral; participación ciudadana activa. Solo así podremos disfrutar de la noche sin que se convierta en una deuda ambiental y social impagable.
La Ley está escrita. La pregunta es: ¿tenemos la voluntad de aplicarla con rigor y humanidad?
La vida nocturna puede ser motor económico y cultural, pero no puede seguir funcionando a costa del ambiente y de la salud. En Bucaramanga tenemos todo para hacerlo mejor: norma, técnicos, ciudadanía consciente. Lo que falta es voluntad.
Este país “es inviable gobernado por nosotros mismos”. No tiene por qué ser cierto en nuestra ciudad. Se trata de exigir coherencia: sanciones que cambien conductas, instituciones que trabajen juntas, trabajadores protegidos y vecinos respetados.
Si logramos eso, la rumba seguirá, pero no será a costa de nuestra salud ni de nuestro derecho al descanso. Porque sí: todos tenemos derecho a divertirnos. Pero también tenemos derecho a dormir.
Al final, la pregunta no es si queremos bares o silencio absoluto. La pregunta es si queremos una ciudad que entienda que la diversión y el descanso pueden coexistir. Que bailar no tiene por qué significar contaminar, y que trabajar de noche no tiene por qué ser sinónimo de enfermarse. Bucaramanga tiene la oportunidad de ser ejemplo: una ciudad que no apaga la fiesta, pero que tampoco apaga la salud ni el derecho a vivir dignamente. Y eso, más que un deber legal, es un acto de respeto entre vecinos.
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*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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