El reciente pronunciamiento de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, marca un punto de quiebre en la discusión sobre el acoso sexual en Colombia. Su columna denuncia la complicidad del silencio y exige acciones estructurales para erradicar una violencia que atraviesa instituciones, medios y espacios cotidianos.
“Estamos presenciando cómo el silencio que protegió el abuso de poder y el acoso se está desplomando”, escribió la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en una columna que resonó con fuerza en un país en donde las denuncias de acoso sexual han comenzado a emerger con más visibilidad. Sus palabras no son aisladas: llegan en un momento en que los medios de comunicación, la justicia y la sociedad enfrentan casos que revelan la magnitud de un problema estructural.
El viernes 20 de marzo de 2026, Caracol Televisión informó haber recibido denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual. La empresa anunció la activación de protocolos internos, en cumplimiento de la ley, para atender las acusaciones. Ese mismo fin de semana, cuarenta mujeres periodistas firmaron una carta respaldando a una colega que denunció en 2019 al actual director de RTVC, Hollman Morris, por abuso sexual. Y días atrás, la abogada y columnista Ana Bejarano relató en su espacio semanal cómo fue víctima de acoso por parte de un magistrado de la Corte Constitucional, en una práctica conocida como “judicantear”, que consistía en involucrar sexualmente a las judicantes. Que existiera un término para nombrar esa conducta evidencia su normalización silenciosa en los más altos tribunales.
La columna de Marín Ortiz subraya que el acoso sexual no distingue sectores ni niveles de poder. Se manifiesta en instituciones, empresas, universidades, medios de comunicación, espacios comunitarios y hasta en lugares cotidianos como el transporte público o los colegios. Es una violencia estructural que se sostiene en tres pilares: el silencio, la impunidad y la normalización.
Los datos lo confirman. Según el informe Violencia de género en contra de las mujeres periodistas en Colombia, publicado en 2020 por la campaña No Es Hora de Callar y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, seis de cada diez mujeres periodistas han vivido violencia de género en sus espacios laborales. Ocho de cada diez conocen casos contra colegas, y en la mayoría los agresores son personas con poder dentro de esos mismos entornos.
Uno de los aspectos más difíciles de enfrentar es que los acosadores suelen ser figuras poderosas: políticos, académicos, magistrados, periodistas reconocidos. El prestigio y la influencia se convierten en escudos que dificultan la denuncia y perpetúan la impunidad. Como señala la Defensora del Pueblo, las mujeres no denuncian cuando ocurren los hechos, sino cuando pueden. Denunciar implica riesgos: perder el trabajo, sufrir represalias, enfrentar la desconfianza en los mecanismos de justicia o el temor a la revictimización.
La sociedad, además, suele cuestionar a las víctimas antes que a los victimarios. Preguntar “¿por qué no hablaron antes?” no es inocente; es una forma de deslegitimar y sostener el silencio. La fiscal española María Eugenia Prendes lo expresó con crudeza: “Las mujeres no confían en la Justicia porque la Justicia no confía en las mujeres”.
En medio de este panorama, algunos avances institucionales merecen reconocimiento. La Fiscalía General de la Nación ha señalado la necesidad de avanzar en la investigación de estos hechos. La Corte Constitucional, tras enfrentar denuncias internas, estableció una política de equidad de género y un protocolo de acoso laboral, construidos de manera participativa. Caracol Televisión, por su parte, reconoció públicamente las denuncias y activó sus mecanismos internos.
Sin embargo, como advierte Marín Ortiz, estos pasos son insuficientes. El desafío es que los compromisos se traduzcan en acciones concretas: investigaciones diligentes, procesos que no revictimicen, decisiones que garanticen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La confianza en la justicia debe ser reconstruida para que las víctimas encuentren un espacio seguro y no otro escenario de vulneración.
La columna insiste en que el acoso sexual no solo se sostiene por quienes lo ejercen, sino también por quienes callan, encubren o minimizan. Las instituciones que no investigan, los entornos laborales que priorizan reputaciones sobre la protección de las mujeres, y una sociedad que normaliza estas prácticas, son parte del problema. La cultura del “secreto a voces” debe terminar. El silencio, recuerda la Defensora, es una forma de complicidad.
La Defensoría del Pueblo ha creado un Mecanismo de denuncia de acoso sexual en contextos de poder. Este procura acompañar a las víctimas en escenarios en donde los agresores ejercen influencia política, social, económica, espiritual o mediática, lo que limita su acceso a la justicia y las expone a mayores niveles de estigmatización. Con un equipo especializado, la entidad ofrece apoyo psicosocial y jurídico, promoviendo un acceso seguro y confidencial a la justicia.
El mensaje de Iris Marín Ortiz es claro: ninguna mujer debería tener que elegir entre su dignidad y su silencio. Erradicar el acoso sexual implica transformar las condiciones que lo permiten, desmontar la impunidad y garantizar consecuencias reales. La sociedad colombiana enfrenta un reto inaplazable: construir espacios laborales y sociales donde el respeto sea la norma y el trabajo un lugar de realización, no de miedo.
Las denuncias recientes han demostrado que el acoso en entornos de poder se usa para silenciar y proteger al agresor bajo el prestigio. Pero también han mostrado que el silencio empieza a derrumbarse. La voz de las víctimas, amplificada por instituciones y colectivos, exige respuestas inmediatas. Como concluye la Defensora del Pueblo: “El silencio ya no es un refugio para los acosadores y las palabras de las víctimas serán escuchadas”, escribió la Defensora del Pueblo.
Foto: Defensoría del Pueblo / Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
