Con el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la República empiezan a aparecer en la agenda pública y política los puntos más polémicos de las iniciativas legislativas del actual gobierno.
Hace poco, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Katherine Miranda, denunció que el articulado de la ley que pretende establecer la Jurisdicción Agraria y Rural contiene elementos peligrosos para la propiedad privada, concretamente, da vida jurídica a la ‘expropiación exprés’ con el pretexto de dinamizar la distribución de la tierra.
También, trascendió a la opinión pública que la administración de Gustavo Petro insistirá en presentar al Congreso la tristemente célebre Reforma a la Salud, iniciativa que fracasó en la pasada legislatura.
Precisamente, el sistema de salud es uno de los tantos baches que tiene el actual gobierno, pues, ante el fracaso de su propuesta reformista, ha intentado vía decreto implementar las políticas públicas que no lograron superar el examen de los congresistas.
Un reciente informe del portal La Silla Vacía, da cuenta del impacto negativo de la intervención del gobierno en el ejercicio administrativo y asistencias de varias de las más importantes Entidades Prestadoras de Servicios (EPS).
Los traumatismos generados por la toma de posesión y el cambio en las dinámicas y modelos administrativos y de prestación de servicios, ha empeorado la atención de los usuarios, haciendo que se aumenten considerablemente el número de reclamaciones judiciales, tanto así, que, en el primer cuatrimestre de 2024, las tutelas para acceder a servicios y medicamentos aumentaron en 42% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Del mismo modo, señala la nota periodística que colectivos defensores de pacientes han advertido que la partida presupuestal destinada desde el gobierno para financiar los servicios de salud es insuficiente.
“De cada 100 pesos que reciben del gobierno, en promedio las EPS están gastando 105,5 pesos: 99,4 pesos en costos médicos y 6,1 pesos en gastos de administración. Con ese panorama, hoy están perdiendo plata. Así lo muestra un análisis de los estados financieros de las EPS que hizo la organización Así Vamos en Salud”, se lee en uno de los partes de la nota.
Estos datos contrastan con los informes presentados recientemente por el Ministerio de Salud en un debate de control político. Guillermo Alfonso Jaramillo, jefe de la cartera, confirmó que el valor de los servicios médicos prestados supera el monto total los recursos que reciben para cubrir este concepto.
Según datos oficiales, “Sanitas gasta el 101 %; SOS el 128 %; Famisanar el 112 %; Saviasalud el 103 %; Asmet Salud el 134 %; Emssanar el 104 %, y Nueva EPS (hasta febrero) es la más alta: gasta 153 pesos, de cada 100 que recibe por UPC”.
La imposibilidad de financiar el total del valor de los servicios médicos ha llevado a las EPS a asumir enormes deudas con las redes de hospitales y clínicas que prestan atención primaria y especializadas a sus usuarios. De hecho, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) estima que el volumen de obligaciones pendientes de estas entidades pasó de $6 billones en 2015 a $16,8 billones en 2023.
Finalmente, sostienen que estas dinámicas pueden generar que el sistema de salud se divida radicalmente en un sistema para pobres, financiado por el Estado y otro para ricos, puesto en funcionamiento a través de la compra de seguros médicos. En los primeros meses de este año, el mercado de las pólizas privadas de salud experimentó un aumento del 18 %.
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Los síntomas de cómo se sigue deteriorando el sistema de salud
APN Noticias
