Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ Se está volviendo costumbre que cada 4 años las elecciones de las ONG y gremios a los consejos directivos y de los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales se convierte en un deplorable espectáculo de ataques y acusaciones contra aspirantes y electores, que está volviendo rutina el uso de la tutela y la recusación como herramientas de guerra por el acceso al poder.
Esta vez, después de tremendas batallas jurídicas con trasfondo político, en el último trimestre del año pasado se lograron elegir 29 de los 33 directores de CAR y el 2023 se cerró dejando en vilo la elección en tres: Corpoboyacá, Coralina y la CAS, que hoy siguen interinas, al mando de unos encargados, hasta tanto se reacomoden los intereses regionales y resuelvan los cuestionamientos jurídicos.
La razón de fondo de esta controversia es que la extensión en el tiempo de las elecciones puede generar cambios en la integración de los consejos directivos, por el relevo de gobernadores y alcaldes lo que, de inmediato, produce movidas en las posibilidades de triunfo de algunos candidatos. Eso es lo que ha ocurrido esta vez en Corpoboyacá, Coralina y la CAS.
Las estrategias ya son conocidas; del lado de quienes triunfaron en las elecciones regionales y locales o ven positivos sus resultados, se interponen tutelas buscando que, de manera preventiva o en fallo de primera instancia, se ordene la suspensión del proceso; también se opta por recusar a los consejeros con cualquier justificación para afectar el quorum e impedir la votación. El objetivo es el mismo: postergar la elección para incidir en ella.
Del lado de quienes van de salida de la administración, el interés es opuesto y pujan por adelantar el proceso como sea para incidir en la decisión y retirarse del cargo dejando un director “amigo”.
En esta ocasión, la ministra de Ambiente ha jugado un papel protagónico debido a que como solo cuenta con un voto y no tiene el control de las elecciones, tomó la decisión de convertirse en veedora de los procesos; se le vio muy activa denunciando y cuestionando los resultados que no fueron de su gusto, negociando a través de sus delegados creando espacios de poder y en ciertas corporaciones, como Coralina o la CAS, accionando o coadyuvando las acciones.
En el caso particular de la CAS, donde el director saliente es candidato a la reelección, la situación está siendo bochornosa; se interpuso tutela contra la designación de los representantes del sector privado al consejo directivo y el Juez Primero Promiscuo de Familia de San Gil, primero suspendió el proceso como medida provisional y luego declaró improcedente la acción, permitiendo que se lograra el efecto buscado, pues la elección se postergó.
La Directora ad hoc, quien quiso reiniciar desde cero el proceso y convocó para el 23 de febrero de 2024, pero después de la salida del director-candidato, el encargado criticó la actuación, la revocó y anticipó estas elecciones para el 24 de enero es decir dentro de dos días.
La elección de las ONG fue suspendida por orden de tutela emitida por el Juez Primero Civil del Circuito de San Gil; reacomodado el escenario político, el pasado viernes 19 de enero de 2023 eligieron a Cristian Zárate, cercano a la exdirectora y a Adela Guerrero consejera también en la CDMB, del grupo Tavera.
Cuatro días antes de elegir el director, Mauricio Marín Urrego, que al parecer es un perfil falso, recusó ante la Procuraduría a ocho de los doce integrantes del consejo que debían votar (Gobernador y su delegada, cuatro alcaldes, dos ONG y uno del sector privado), con lo cual se afectó el quórum decisorio y la votación inicialmente programada para el 25 de octubre de 2023, debió ser suspendida hasta tanto sea resuelta por la Procuraduría.
A pesar de lo anterior, el hoy exgobernador Aguilar reunió al consejo directivo y evidenciando la falsedad intentó sesionar en dos ocasiones con el objeto de elegir, pero de inmediato el delegado de la ministra de Ambiente los recusó nuevamente haciendo uso de los argumentos consignados en el anónimo.
A esto se le sumó una recusación y una tutela de Jaime Alberto Santamaría Guaqueta, contratista de la Corporación, contra el Gobernador, por mantener un delegado suyo como alcalde encargado de Suaita, municipio que debía votar, con lo que logró que el Juez Primero Promiscuo Municipal de Suaita, ordenara nombrar alcalde en propiedad.
También llegó oposición y denuncia pública de una ONG contra la designación de Fidel Arturo Torres Castillo como representante del Presidente de la República en el consejo directivo de la entidad y una nueva recusación contra los mismos consejeros recusados en el anónimo, coadyuvado luego por la Ministra.
La ocurrencia de hechos así, no solo en la CAS sino en otras corporaciones, motivó a la Procuraduría General de la Nación a emitir la Circular 17 en noviembre de 2023, en la que advirtió la existencia de acciones temerarias y de mala fe que han afectado los cronogramas de elección e instó a las corporaciones a abstenerse de realizar las elecciones hasta tanto la entidad resuelva las recusaciones. Pero, reacomodado el panorama político, el Ministerio lanzó la tesis de que el consejo directivo puede resolver las recusaciones directamente y no debe esperar a que lo haga la procuraduría.
Esta rapiña por los puestos de poder en la CAS obedece no solo a que la oferta laboral en las provincias es escasa, sino también a que el presupuesto es enormemente atractivo, superior a 120.000 millones por año; en esta ocasión, se presentaron 69 candidatos de los cuales se rechazaron 16 por no reunir requisitos, quedando habilitados 53 que a la fecha siguen en campaña, a la espera de la votación.
Lo inquietante no es el número de candidatos, sino que listado está repleto de personas que antes que matrícula profesional tienen matrícula política y solo unos pocos pueden mostrar una hoja de vida incuestionable.
¿Quién gana y quién pierde con todo esto?
Gana la ministra que venció en el pulso al exgobernador, así como el nuevo gobernador, los nuevos miembros del consejo directivo y los recién llegados alcaldes que entraron a integrarlo o los que elijan en febrero si la elección se da después, así como sus partidos políticos, porque definirán quien asumirá la dirección.
Pierden el exgobernador y quienes salieron del consejo y sus partidos políticos, porque debieron irse sin dejar elegido el amigo director.
Pero más allá de todo, pierde el sector ambiental y el país, porque todo este circo termina dejando por el suelo la credibilidad de las autoridades ambientales, que distan cada vez más de ser instancias técnicas e imparciales para tomar decisiones sobre los recursos naturales, en especial el agua y el territorio.
El país necesita personas ecuánimes, objetivas y pulcras en la administración del medio ambiente; ojalá elijan pronto director y elijan bien.
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*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
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