El presidente de la República, Iván Duque, cumplió este viernes dos años al frente del país y pese a que hay decenas de logros para destacar a lo largo de este periodo, y en especial en época de pandemia, algunos escándalos han opacado su gestión y su imagen.
El de la denominada ‘ñeñepolítica’ y supuestos fondos ilegales donados a su campaña presidencial ha sido uno de los que más ha afectado la imagen de primer mandatario, sumado también a la relación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con el narcotraficante ‘memo fantasma’ y los antecedentes judiciales de su propio hermano.
De igual forma en estos dos años se conoció que el Embajador Colombia en Uruguay tenía un laboratorio de cocaína en una de sus fincas en Cundinamarca, y por primera vez, uno de sus ministros, el de Defensa, tuvo que renunciar a su cargo, sumando también la salida del comandante del Ejército Nacional.
En las críticas a Duque también ha influido el asesinato de líderes, los perfilamientos a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos, el bombardeo a un campamento en el que había menores de edad y la violación de varias menores por cuenta de soldados de las FF.MM.
Incluso, la situación judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha llevado a que se cuestione si el mismo Duque ha afectado la institucionalidad del país criticando la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
1- La ‘Ñeñepolítica’
Así se conoce el escándalo de compra de votos para la campaña presidencial del 2018 del presidente de Iván Duque Márquez con el ganadero y narcotraficante José Guillermo Hernández, conocido como el «Ñeñe Hernández». Vincula directamente al presidente, a María Claudia Daza asesora personal del expresidente Álvaro Uribe Velez y Nubia Stella Martínez Directora del Centro Democrático, de recibir aportes del narcotráfico para la campaña presidencial.
El caso ha comprometido ha varios miembros de la política colombiana, miembros del gobierno y del partido Centro Democrático. Por sus características reviste similitudes con el Proceso 8000 de los años 90.
José Hernández era un próspero ganadero y empresario del Cesar, casado con la exreina de la belleza María Mónica Urbina, lo que le trajo cierta atención de la prensa. fue asesinado en Brasil, víctima de un robo y su caso cobró notoriedad en Colombia, pues resultó extraña la forma como murió.
Días después de su asesinato, en marzo de 2019, salieron a la luz fotos donde aparecía con un conocido narcotraficante apodado «Marquitos Figueroa». Después de ésta revelación se supo que Hernández también era un narcotraficante.
Tras la muerte de Hernández, y a raíz de que el caso del homicidio de Oscar Rodríguez tenía dos años que no avanzaba en la justicia, en marzo de 2020 el abogado acusador en este caso dio a conocer las grabaciones telefónicas asociadas a Hernández ante los medios de comunicación.
Las autoridades lograr captar cerca de 25.000 conversaciones telefónicas. El caso ha cobrado suspicacia además porque la investigación no avanzó contra Hernández durante las tenedurías de la Fiscalía por parte de los fiscales generales Néstor Humberto Martínez o Fabio Espitia.
En las grabaciones se escucha entre otras a un fiscal advirtiéndole a Hernández sobre sus investigaciones en la Fiscalía, el robo de dineros a la campaña de Vargas Lleras que iba destinada a la compra de votos, la coordinación para una presunta compra de votos en favor de Duque, el apoyo a candidatos regionales en las elecciones, y sus negocios sobre compraventa de ganado.
2- Los vínculos de la Vicepresidenta
La Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón, pagaron la fianza de 150.000 dólares para liberar a Bernardo Ramírez Blanco, hermano de ella.
El hermano de la vicepresidenta fue detenido en Miami, Estados Unidos, en julio de 1997. El arresto se produjo cuando recibía un cargamento de heroína transportado por vía aérea desde Aruba.
Las investigaciones en los Estados Unidos fueron dirigidas por el agente de la gubernamental Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Shaun Perry.
Ramírez Blanco pagó a los colombianos residentes en territorio norteamericano Alejandra Osorio Vargas y Miguel José Aguilera Asencio, para que introdujeran en el país un alijo de heroína.
La acusación y la sentencia judicial certificaron que los traficantes arribaron a Estados Unidos en un vuelo procedente de Aruba y transportaban la droga en cápsulas que llevaban dentro del estómago.
Vargas y Aguilera Ascensio explicaron a agentes de la DEA que iban a entregarle la droga a Bernardo Ramírez Blanco, el hermano de la actual vicepresidente de Colombia. Agregaron que él fue la persona que “los dirigió para que fueran a Aruba a obtener la heroína y quien recibiría la droga a la llegada a Miami”.
Al producirse su arresto, el narcotraficante solicitó se le permitiera viajar a Nueva York. Manifestó que en esa urbe se encontraba su hermana “quien era una persona muy importante que podría solucionar esta situación penal por tráfico de heroína”, según datos del informe.
Además, la Vicepresidenta y su esposo Álvaro Rincón mantienen negocios inmobiliarios con el “empresario” Guillermo León Acevedo Giraldo.
En abril la organización Insight Crime identificó a León Acevedo como el narcotraficante conocido por los alias “Sebastián Colmenares” y “Memo Fantasma”.
El pasado 7 de mayo Jeremy McDermott, director de InSight Crime, declaró al medio El Tiempo que no tenía dudas “de que el empresario Acevedo es memo Fantasma”.
3- Los narcolaboratorios del embajador
El hallazgo de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en una finca del entonces embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente Álzate, puso todos los focos sobre este economista y sobre el gobierno de Iván Duque.
Sanclemente Álzate se ha movido por el espectro político. Si bien se le ha identificado como conservador aunque también se ha decantado por el uribismo –el expresidente lo llevó a la dirección de la Aerocivil durante su gobierno-, y, años después, fue nombrado en la gerencia de Transmilenio por el líder de izquierda Gustavo Petro.
Según informes preliminares de las autoridades, en el lugar se procesaba media tonelada de cocaína al mes, que era enviada a Europa y EE.UU.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ocupó de manera formal los cuatro predios rurales, que conforman la finca Harás de San Fernando, bienes pertenecientes a la persona jurídica denominada Las Colinas de Guasca Ltda., una sociedad de la cual hace parte el exembajador e integrantes de su núcleo familiar.
4- Bombardeo y la salida del ministro
La tormenta política que se desató una moción de censura en su contra llevó al ministro de Defensa, Guillermo Botero, a renunciar al cargo.
La denuncia que lo llevó a dejar la cartera llegó por cuenta del bombardeo al área campamentaria en la que se encontraba ‘Gildardo Cucho’, un disidente que pretendía reorganizar fuerzas en Caquetá.
El senador Roy Barreras encendió las alarmas al decir que en el ataque murieron siete menores de edad (posteriormente desde la Fiscalía revelaron que eran ocho). El debate desató una tormenta política y descompuso la estrategia que había armado Botero para defenderse. Nadie le apostaba a que Barreras cuestionara el por qué se le ocultó al país la información de los menores fallecidos.
En el Congreso las explicaciones no fueron satisfactorias y pasada la medianoche del martes, y de manera inusual, se convocó a una declaración a las 7:00 a.m., que empezó a las 7:45, en la Escuela Superior de Guerra. Allí Botero dijo en su primer punto que “todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada ‘proceso militar de toma de decisiones’. Este proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las Fuerzas Militares desde 2008, por mandato de la Política Integral de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa Nacional”.
5- Los perfilamientos
Unidades del Ejército de Colombia realizaron, entre febrero y diciembre del año pasado, seguimiento a más de 130 personas con el apoyo logístico y económico de una agencia de inteligencia estadounidense, según denuncia uno de los militares implicados.
Los informes periodísticos recogen los perfiles de profesionales que, por la naturaleza de su propio trabajo, suelen tener acceso a información confidencial. Esas carpetas contienen números de teléfono, “direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de tráfico y hasta lugares de votación”, detalla la publicación.
Las actividades de espionaje, llevadas a cabo a través de distintas herramientas informáticas, coinciden con el período de jefatura del Ejército del general Nicacio Martínez Espinel.
Este mando militar fue señalado hace justo un año por una información de The New York Times, que reveló el regreso de la fuerza terrestre a una práctica perversa que, la pasada década, dio pie a miles de ejecuciones extrajudiciales. Esto es, un sistema interno de beneficios e incentivos para mejorar resultados: el origen del escándalo de los mal llamados falsos positivos, asesinatos de civiles, en su mayoría campesinos, presentados después como guerrilleros caídos en combate.
Las operaciones de vigilancia también apuntaron a políticos y abogados de los derechos humanos. Entre ellos, nada menos que Jorge Mario Eastman, quien fue viceministro de Defensa y hasta hace un año secretario general de la presidencia. O el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, que siempre ha estado muy implicado con el esclarecimiento de la verdad en las investigaciones relacionadas con los falsos positivos.
