La Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant) presentó un informe técnico sobre los resultados del diagnóstico de la falla de la Represa La Batanera en el municipio de Vélez, que hoy tiene en vilo recursos por el orden de los 9.660 millones de pesos y la falta de agua en esa zona del departamento.
El informe presentado a los medios fue adelantado por la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) por medio del convenio de asociación No. 207 de 2016, aplicado a los contratos de obra 2003 de 2011 y de interventoría 2125 del mismo año, el cual evidenció como principal causa del colapso de la obra, la modificación del ducto diseñado para el manejo de aguas.
La represa fracasó por responsabilidades ajenas a la @EsantSantander. El contratista debe responder por el principio de planeación al no informar los cambios que se llevaron a cabo en la obra. pic.twitter.com/IgtHAC5uHs
— Gobernación de Santander (@GobdeSantander) August 3, 2018
“Esta falla fue porque el tubo de manejo de aguas que debía ser en material clase 4, se utilizó clase 1, este se rompió y después tomaron la decisión de colocarle un tubo metálico por dentro para trabajar a presión, por lo que al llenarse la presa se saturó y el material se deslizó ocasionando el colapso”, explicó Carlos Carvajal, director de proyectos de la Esant.
El estudio evidenció además la baja resistencia de los materiales utilizados para la construcción del terraplén, ya que poseían resistencia al cortante insuficiente para garantizar la estabilidad de los taludes en condiciones de saturación.
El director de proyectos de la Esant resaltó además que en los diseños iniciales se planteaba que el ducto de 36 pulgadas trabajaría a flujo libre y una vez terminada la obra se clausuraría el paso de agua.
“Nosotros atendimos la situación como estamos obligados, salvaguardamos la vida de las personas, suscribimos el convenio para establecer las causas del colapso y se dio inicio al proceso legal para aplicación de pólizas y recuperar la inversión por la vía judicial”, resaltó Mónica Paola Monsalve, gerente de la Esant.
La represa fracasó por responsabilidades ajenas a esta entidad, fue un problema del contratista que debe responder por el principio de Planeación al no informar los cambios que se llevaron a cabo en la obra Para recuperar los recursos. pic.twitter.com/BbIaApsY7Y
— Esant (@EsantSantander) August 3, 2018
Tanto la interventoría como el contratista de la obra, ya son objeto de investigación teniendo en cuenta que la empresa ya informó a las autoridades competentes, “iniciamos demanda de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, dijo Carlos Arturo Rojas, abogado externo.
La aseguradora responderá por el 30% de los recursos invertidos, mientras que el contratista que “violó el Principio de Planeación al no informar dichos cambios”, deberá responder por el 70% restante.
Investigación en la Procuraduría
A mediados del pasado mes de mayo, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al Representante a la Cámara por el Centro Democrático y exgerente de la Esant, Edwin Ballesteros, por presuntas irregularidades en la construcción de la represa La Batanera de Vélez.
El órgano de control también endilgó cargos al exsecretario de Transporte e Infraestructura de Santander, Edgar Augusto Pedraza Gómez; al subgerente de Agua y Saneamiento Básico de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Hecney Alexcevith Acosta Sánchez y al supervisor de Esant, Germán Alexander Vanegas Barrera.
La Procuraduría cuestionó presuntas irregularidades en las etapas precontractual, contractual y en la ejecución del contrato de obra Nro. 2003 del 10 de noviembre de 2011, celebrado entre la Secretaría de Transporte e Infraestructura del departamento y el Consorcio Vasca.
Para el Ministerio Público los estudios y diseños al parecer presentaron falencias en el componente geológico, geotécnico, hidrológico e hidráulico y en el análisis de la estabilidad realizado, y no se adquirieron con la debida antelación la totalidad de los predios necesarios para la ejecución de las obras. “Además, presuntamente los diseños originales fueron objeto de constantes cambios y el presupuesto fue adicionado”, expuso el ente de control.
También se reprochó que “los planos de la vía de acceso no hubieran sido contemplados en el estudio previo con las especificaciones técnicas de la contratación, por lo cual las obras no pudieron ejecutarse hasta tanto no se definieron los mismos”.