En medio de una reunión de bancada que sostuvo el Centro Democrático con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la colectividad expresó algunos reparos a la propuesta de congelar y posteriormente disminuir el salario de los congresistas.
Los integrantes del ‘uribismo’ advierten que la propuesta podría ser inconstitucional y violatoria de los tratados suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La senadora Paloma Valencia Laserna aseguró que reducir a 25 salarios mínimos el sueldo que ganan los parlamentarios a partir del 2022, podría generar demandas contra el Estado.
“Un principio del derecho laboral y que está en los tratados de la OIT, el cual ha reconocido Colombia, es que los salarios no se pueden bajar. Esta la duda de si un congresista actual que sea reelegido en el siguiente cuatrenio, ingrese con un salario menor y eso se pueda interpretar como una reducción del mismo y por lo tanto pueda demandar al Estado”, señaló.
Adicionalmente dijo que “no podemos crear una contingencia que pueda terminar costándole al Estado colombiano miles de millones de pesos y por bajar unos salarios, después tengamos que pagar multas y sanciones”.
La senadora Paloma Valencia recordó que durante el gobierno de Andrés Pastrana se implementó la figura de congelar el salario de los altos funcionarios del Estado para mitigar la fuerte crisis económica que se vivió, pero años después los jueces constitucionales tumbaron esa medida argumentando que es ilegal reducir el sueldo de los empleados en el país.
El martes, el presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, advirtió su oposición a esa propuesta con la fórmula que fue planteada el lunes en un acuerdo de varios partidos políticos.
De acuerdo a Macías, aunque es partidario de esa congelación, a su juicio resulta ser inconstitucional presentar y promover ese proyecto para suspender el aumento del salario de los actuales legisladores.
«Congelar salarios de servidores públicos de elección durante el período en ejercicio sería inconstitucional. Hay derechos preestablecidos en la Constitución. En este caso debe plantearse para un nuevo periodo», sostuvo.
El debate está servido y el tema se discutirá nuevamente en la reunión de la mesa técnica anticorrupción en la que tienen asiento el Gobierno Nacional y todos los partidos políticos.