Un médico y una enfermera fueron secuestrados por hombres armados del ELN en el corregimiento de San Pablo, Norte de Santander, luego de un operativo militar contra un campamento insurgente. Las autoridades señalan que el secuestro espera obligarlos atender a combatientes heridos en la confrontación.
El secuestro de un médico y una enfermera en zona rural de Norte de Santander volvió a poner en evidencia la compleja situación de seguridad que atraviesan las regiones de frontera, en donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene presencia activa y ejerce presión sobre comunidades y trabajadores de la salud. El hecho ocurrió en el corregimiento de San Pablo, jurisdicción de Hacarí, en un sector cercano a un campamento insurgente que había sido impactado días atrás por una operación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
De acuerdo con información oficial, hombres armados ingresaron de manera violenta a un centro de atención en salud y se llevaron contra su voluntad a los dos profesionales, cuyo paradero continúa siendo desconocido. El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, confirmó la situación y calificó el hecho como un “secuestro de carácter preventivo”. Según el oficial, “hay evidencia clara del secuestro de un médico y una enfermera en el corregimiento de San Pablo. Al parecer, fueron trasladados a distintas viviendas y veredas para atender a personas afectadas”.
Las autoridades sostienen que el objetivo del rapto sería obligar a los trabajadores de la salud a prestar atención médica a combatientes heridos tras las detonaciones registradas durante el operativo militar. En respuesta, las Fuerzas Militares y demás instituciones adelantan operativos en la zona para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de los profesionales, mientras se mantiene un despliegue de seguridad en el sector.
Reconfiguración de la violencia
El secuestro se produce en un momento en que Santander y Norte de Santander enfrentan una reconfiguración de la violencia armada. El ELN, con fuerte presencia en el Catatumbo y en corredores rurales de la región, ha recurrido históricamente a prácticas de secuestro, extorsión y control territorial como mecanismos de presión política y económica.
En Norte de Santander, particularmente en la zona del Catatumbo, el grupo insurgente mantiene influencia en municipios como Hacarí, El Tarra, Convención y Tibú, en donde se disputan el control de economías ilegales con otras estructuras armadas. La presencia de cultivos ilícitos, rutas de narcotráfico y pasos fronterizos hacia Venezuela ha convertido a la región en un escenario estratégico para el ELN.
Por su parte, Santander ha sido escenario de acciones de propaganda armada y de presencia intermitente de células urbanas, aunque con menor intensidad que en el Catatumbo. Sin embargo, la cercanía geográfica y las conexiones rurales han permitido que el grupo armado extienda su influencia hacia zonas limítrofes, generando preocupación en autoridades departamentales.
Impacto en el sector salud
El secuestro de personal médico no es un hecho aislado. En varias ocasiones, trabajadores de la salud han sido víctimas de amenazas y presiones por parte de grupos armados ilegales, en búsqueda de garantizar atención para sus combatientes o ejercer control sobre comunidades vulnerables. Este tipo de acciones vulnera el derecho internacional humanitario, que protege a los profesionales de la salud en contextos de conflicto.
Organizaciones gremiales y defensores de derechos humanos han rechazado el hecho y exigido garantías para el ejercicio de la labor médica en zonas de conflicto. “El personal de salud no puede ser utilizado como instrumento de guerra. Su misión es salvar vidas, no atender bajo coerción a grupos armados”, señaló un vocero de la Asociación Médica de Colombia.
El Gobierno nacional condenó el secuestro y reiteró que este tipo de acciones afecta los diálogos de paz que se adelantan con el ELN. “La privación de la libertad de trabajadores de la salud es un acto que contradice los compromisos adquiridos en la mesa de negociación”, expresó un comunicado del Alto Comisionado para la Paz.
Mientras tanto, en la región se mantiene la tensión. Habitantes de San Pablo y veredas cercanas han manifestado temor por posibles represalias y por el incremento de operativos militares. La población civil, atrapada entre la presión insurgente y la presencia de la Fuerza Pública, enfrenta otra vez el riesgo de desplazamientos y restricciones a la movilidad.
La liberación de los trabajadores secuestrados se ha convertido en una prioridad para las autoridades, que insisten en la necesidad de garantizar la seguridad de quienes cumplen labores esenciales en las comunidades rurales. En tanto, la población espera que la presión institucional logre resultados concretos y que los profesionales regresen sanos y salvos, en medio de un panorama marcado por la incertidumbre y el miedo.
Con APN Noticias /
