“En riesgo se pone la salud pública de los habitantes del área metropolitana, así como también se pone en riesgo la estabilidad laboral de los más de 700 colaboradores y sus familias, quienes dependen del funcionamiento de la empresa pública de los bumangueses, que, a su vez depende del relleno sanitario El Carrasco, con el agravante de que nos encontramos en época decembrina”, comunicó la Empresa pública de Aseo de Bucaramanga S.A. ESP -EMAB- debido a la decisión judicial para el cierre de El Carrasco.
El comunicado número once de la EMAB está desplegado en nueve puntos del cual el primero es el ya señalado, mientras el segundo refiere a que “la defensa de la EMAB en el fallo de primera instancia del año 2009, fue ineficiente y esto benefició el proyecto de Chocoa (comprensión municipal de Girón) e intereses particulares. En conclusión, el objetivo siempre ha sido que el negocio de la disposición final de las basuras quede en manos de un privado, provocando la liquidación de la Empresa de Aseo de Bucaramanga”.
Recuerda la EMAB en el tercer punto del comunicado que “la segunda instancia se falló en el año 2011 y jurídicamente desde esa fecha existe desacato, en este tiempo, han ocurrido problemas graves como el deslizamiento del 3 de octubre de 2018 y no se explica el porqué en esta administración se falla el incidente de desacato, teniendo en cuenta que se han venido saneando los problemas técnicos heredados de las anteriores, sin intereses particulares y con la inversión más grande en la historia de El Carrasco. ¿Por qué no sancionó a los demás municipios o a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB? (Actualmente ya desaparecieron las causas que originaron la acción popular promovida por los habitantes del barrio el Porvenir)”.
Por lo demás refiere la EMAB que “el cumplimiento del fallo ha sido imposible, porque los estudios realizados para construir nuevos rellenos han demostrado, que social y ambientalmente ha sido imposible la negociación con las comunidades a pesar de las gestiones realizadas por los municipios”.
Comunica además que la puesta en ejercicio de “nuevas tecnologías para la disposición final, han tenido dificultades, financieras, técnicas, jurídicas, ambientales y sociales que han impedido en el mediano plazo la consolidación de cualquiera de los proyectos propuestos con este fin. Ejemplo Vitalogic”.
Se atreve la EMAB a confirmar en el comunicado que “con las inversiones realizadas por la actual administración, el problema de El Carrasco no es técnico, ya que somos uno de los mejores rellenos sanitarios del país y tenemos una hoja de ruta clara. La problemática es jurídica y las decisiones que se toman como ordenar su cierre no solucionan el problema”.
“El operador judicial y gran parte de los actores, no han logrado entender que el desarrollo de un nuevo proyecto requiere de la coordinación de actores como el Gobernador, el director de la CDMB, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y no solamente con el alcalde de Bucaramanga y el Gerente de la EMAB. A pesar de los problemas y los intereses individuales en el negocio de las basuras, se han realizado gestiones administrativas para el desarrollar de un nuevo proyecto que reemplace a El Carrasco, pero como sucede en todo el país ha sido imposible su consolidación por diversas causas, principalmente sociales”, refiere la EMAB.
Apunta además en el octavo punto de su comunicado que “la EMAB y el relleno sanitario El Carrasco, han sido la única alternativa para disponer los residuos y garantizar la salud pública a 16 municipios de Santander, que constituyen el 74% de los residuos del departamento y no el problema como se interpreta en el fallo popular. Esto fue demostrado en agosto de 2021, cuando se le dio cumplimiento a la orden de cierre y se intentaron llevar los residuos a otros rellenos sanitarios como el de La Pradera, en Medellín y el de Las Bateas, en Aguachica, siendo ambas alternativas inviables desde el punto de vista financiero, social y ambiental”.
Por ello la EMAB al cierre del comunicado apunta que “este es un problema de país que no se soluciona con la judicialización de las problemáticas ambientales y de residuos requiriendo necesariamente la intervención del gobierno nacional especialmente desde el punto de vista financiero y normativo”.
