La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 87 bienes que pertenecerían a los exgobernadores de Guainía, Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado, y al exalcalde de Inírida, Camilo Andrés Puentes Garzón.
Los exfuncionarios están vinculados formalmente a procesos penales por su presunta participación en una situación de macrocriminalidad, en la que, con complicidad de particulares, habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual; al parecer, relacionados con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión.
Rodríguez Sánchez ejerció el cargo de gobernador entre 2012 y 2016; mientras que Zapata Parrado y Puentes Garzón fueron elegidos para el periodo 2016 – 2019. Los exmandatarios fueron capturados e imputados por diferentes delitos, entre estos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación.
Los exfuncionarios están vinculados formalmente a procesos penales por su presunta participación en una situación de macrocriminalidad, en la que, con complicidad de particulares, habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron. pic.twitter.com/SQJK7xN1R2
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 21, 2022
Los bienes afectados fueron ocupados en diligencias realizadas por el CTI en Chía y Cajicá (Cundinamarca), Inírida (Guainía) y Villavicencio (Meta). Se trata de 72 predios rurales, 7 urbanos, 4 vehículos, 3 sociedades y 1 establecimiento de comercio avaluados preliminarmente en cerca de 22.000 millones de pesos. Estas acciones fueron apoyadas por uniformados del Ejército Nacional.
La Fiscalía estableció que las propiedades estaban a nombre de terceros o personas cercanas a los exfuncionarios. Los bienes quedarán a disposición la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
