Desde Barranquilla el contratista Emilio Tapia estaría buscando un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para entregar nombres de personas involucradas en irregularidades del billonario contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El contacto con el ente investigador estaría desarrollándose desde la Clínica La Misericordia Internacional, donde permanece hospitalizado desde el pasado domingo 19 de octubre, luego de ingresar por un dolor abdominal y problemas con la presión arterial.
De acuerdo con la información que se conoce, Tapia estaría buscando un principio de oportunidad, tal y como lo realizó en 2013 cuando se convirtió en testigo clave en medio de las investigaciones sobre los procesos licitatorios, adjudicaciones y ofertas mercantiles en el denominado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá durante la administración del alcalde Samuel Moreno Rojas.
Al parecer, la Fiscalía en esta ocasión no estaría dispuesta a cobijar a Tapia con beneficios bajo esta figura; toda vez que este se encuentra pagando actualmente una condena de 48 meses de prisión por lavado de activos, a través de detención domiciliaria en la capital del Atlántico. Así mismo, años atrás fue condenado a 17 años de prisión por corrupción, aunque dicha sanción fue reducida a 7 años por su colaboración con la justicia.
Al parecer, hay un nuevo testigo clave, cuya identidad no ha sido revelada, que estaría dispuesto a entregar los nombres de cinco congresistas que habrían solicitado al Gobierno que no declarara la caducidad del contrato entre Centros Poblados y MinTIC. Estos, además, estarían vinculados con algunas de las irregularidades reportadas.
Emilio Tapia fue capturado el pasado lunes, junto a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y Juan José Laverde, representante de Rave Agencia de Seguros; luego que Juan Cáceres, representante de una de las empresas de la unión temporal, hubiese entregado información clave sobre las actuaciones de estas personas a la Fiscalía en el marco de un acuerdo.
