Luego de verificar los argumentos presentados por la Fiscalía, un juez penal de conocimiento de Bogotá, en segunda instancia, confirmó la medida de aseguramiento intramural en contra del capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y el patrullero John Fredy Morales Cárdenas, quienes habrían participado en las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de dos exempleadas de la exjefa de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres.
Pese a las intenciones de la defensa, la justicia determinó que se cumplen todos los presupuestos legales para que los integrantes de la Policía Nacional sigan privados de la libertad.
Captura inmediata
Adicionalmente, se revocó el pronunciamiento de primera instancia que se abstuvo de imponer medida privativa de la libertad a otra de las posibles implicadas, la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla.
En ese sentido, el juez penal de conocimiento ordenó la captura inmediata de la funcionaria para que sea puesta a disposición del Inpec y trasladada a un establecimiento carcelario.
Las pruebas
La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción da cuenta de que el capitán Correa Loaiza y el patrullero Morales Cárdenas, presuntamente, utilizaron información falsa para solicitar a un fiscal de la Dirección Especializada contras las Organizaciones Criminales, con sede en Quibdó (Chocó), aval para intervenir dos líneas telefónicas que serían de alias La Madrina y alias La Cocinera, dos señaladas colaboradoras del Clan del Golfo.
Los elementos de prueba indican que los dos abonados a interceptar, en realidad, pertenecían a las exempleadas de la exjefa de Gabinete de la Presidencia de la República.
De otra parte, el intendente Quinchanegua y la patrullera Canizales Bonilla, al parecer, a través de documentos falsos obtuvieron la orden de una fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá para intervenir las comunicaciones de Marelbys Meza y otras dos personas cercanas a ella, a quienes presuntamente hicieron pasar como integrantes de un grupo delincuencial dedicado al hurto a residencias en Bogotá que estaría involucrado en la pérdida de un dinero en la casa de la señora Sarabia Torres.
Para la Fiscalía, los cuatro integrantes de la Policía Nacional indujeron en error a fiscales, que creyeron en sus solicitudes; y a los jueces de control de garantías que terminaron por dar aval a las interceptaciones. En ese sentido, fueron imputados en su momento, de acuerdo con su posible participación en los hechos, por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad material en documento público agravado.
APN Noticias
