Responsable del homicidio de tres jóvenes en Chochó (Sucre). Demostraron que el oficial les disparó a las víctimas dentro de una camioneta de la policía e intentó ocultar la evidencia para desviar las investigaciones.
La contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación permitió que una juez penal de circuito de conocimiento dejará en firme la sentencia de 29 años de prisión contra el coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo por su responsabilidad en la muerte de tres jóvenes, en hechos ocurridos el 25 de julio de 2022 en Chochó (Sucre).
A través de un preacuerdo, Núñez Jaramillo aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica en documento público; y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.
La investigación liderada por fiscales del Grupo de Homicidios Colectivos determinó que fue el sentenciado quien les disparó a los jóvenes al interior de un vehículo oficial.
También comprobó la Fiscalía que el día de los hechos las víctimas fueron detenidas en vía pública, golpeadas y obligadas a subir al vehículo de la policía. Estas órdenes las impartió Núñez Jaramillo, para entonces comandante operativo de la Policía Nacional en Sucre.
El material de prueba evidencia que en el trayecto del lugar de la detención a la Estación de Policía en Sincelejo el hoy condenado disparó con su arma de dotación a los tres jóvenes que se encontraban indefensos. Luego, fueron llevados hacia el hospital donde llegaron sin vida.
Tras el crimen, el coronel les pidió a los uniformados que presenciaron lo ocurrido que registraran información falsa en los informes respectivos para hacer pasar a los tres jóvenes como integrantes de una estructura delincuencial que recientemente había asesinado a un uniformado en Sampués (Sucre).
Además, se determinó que incidió para que fueran ocultados los orificios y rastros que dejaron en el vehículo el uso del arma de fuego, para intentar desviar las investigaciones.
El coronel Núñez también deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir su sentencia en el centro de reclusión definido por el INPEC, informó la Fiscalía General de la Nación.
