En Perú, las protestas antigubernamentales y los bloqueos de carreteras se han reiniciado tras una pausa de dos semanas por las vacaciones de fin de año, mientras el país andino sigue sufriendo las consecuencias políticas y sociales de la destitución, detención y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo el mes pasado.
El miércoles, manifestantes bloquearon con piedras y neumáticos las carreteras de las regiones meridionales de Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa, así como de Junín, departamento situado en el centro del país. En Arequipa, según la agencia de noticias AFP, la policía utilizó gases lacrimógenos para levantar los bloqueos de las carreteras.
«Hay 10 bloqueos, principalmente en los alrededores de Puno», declaró a la prensa el portavoz del Gobierno, Alberto Otarola, en Lima, la capital, donde se ha instalado un centro de crisis.
Los edificios públicos y los aeropuertos están custodiados por la policía y el ejército, que pueden usar la fuerza para mantener el orden público tras declararse el estado de emergencia a mediados de diciembre.
En las zonas donde las manifestaciones se han reactivado, la multitud coreó consignas pidiendo la deposición de la presidenta Dina Boluarte, que asumió el poder el 7 de diciembre después de que el Congreso, liderado por la oposición de derechas, votara a favor de la destitución de Castillo.
El ex presidente, que asumió el cargo en julio de 2021, fue derrocado tras intentar disolver el poder legislativo y gobernar por decreto, una medida ampliamente condenada como un «intento de golpe de Estado». El exmandatario fue detenido poco después de la votación para destituirlo y condenado a prisión durante al menos 18 meses por cargos de «rebelión» y «conspiración».
22 muertos y más de 600 heridos
La destitución del líder izquierdista se produjo tras meses de tensiones entre él y el Congreso por acusaciones de corrupción. Pero su destitución es impugnada por parte de los peruanos que acusan al Congreso de haber maquinado desde el primer día de la presidencia de Castillo, para sacarlo del poder.
Además de la salida de Boluarte, los manifestantes exigen el cierre del Congreso -que cuenta con el rechazo generalizado de la población-, así como cambios en la Constitución y la liberación del expresidente.
En un intento de contener la crisis y poner fin a las protestas, el Congreso peruano votó el 20 de diciembre adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024, pero muchos quieren que se celebren antes, al considerar que Boluarte, que no fue elegida, carece de legitimidad para dirigir el país.
En un discurso pronunciado el miércoles desde Lima, Boluarte volvió por su parte a llamar a la calma y culpó a los manifestantes de causar «retrasos, dolor, pérdidas económicas». Por último, la presidenta hizo un llamado a «la paz y la unidad para promover el desarrollo de la patria».
Pero en la región montañosa de Apurimac, el líder de los manifestantes, Milan Knezvich, afirmó que la lucha continuará. «Mientras la señora Dina Boluarte no dimita, esto continuará», declaró a la radio local Exitosa.
Mientras, el Defensor de los Derechos Humanos del país afirmó que, hasta la fecha, 22 personas han muerto y más de 600 resultaron heridas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, especialmente en el centro y el sur del país.
