Directivos de 60 de los 64 centros geriátricos que pertenecen a la Asociación Santandereana de Bienestar del Adulto Mayor, aseguran que para el 2019 estos lugares se verían afectados por la falta de ayuda por parte del Estado, situación que afectaría a unos 15 mil acianos que actualmente se benefician parcialmente de los recursos que llegan a las instituciones.
Según un informe periodístico revelado este sábado por el diario El Espectador, por medio de donaciones, bazares y rifas, los asilos han intentado recaudar dinero para evitar el cierre de sus puertas.
Sarayein Cogollo, directora de la Asociación Santandereana de Centros de Bienestar del Adulto Mayor, aseguró que ha sido imposible recaudar el dinero suficiente para cubrir los gastos. “Mantener a un adulto mayor, que no tiene ninguna discapacidad, cuesta 900 mil pesos mensuales y con discapacidad serían más de 2 millones. Nosotros recibimos por parte del Estado 200 o 300 pesos al día y eso no alcanza para nada”.
La señora Cogollo afirmó que el hogar de Curití, uno de los lugares que se verían afectados, está pasando por una profunda crisis. Deben seis meses de nómina y varios empleados han renunciado. Por esta razón, han salido a las calles a recaudar el dinero que necesitan para pagarles a los proveedores de alimentos y aseo personal
Parte de los recursos que utilizan estos centros, proviene del recaudo de la Estampilla ProAnciano, una idea que nació inicialmente de las gestiones legislativas del entonces Representante a la Cámara, Juan de Dios Alfonso (QEPD) y que luego fue actualizada por el entonces Representante René Garzón Martínez, ambos de Santander.
El dinero restante, es decir, el 98% que falta para cubrir las necesidades los deben buscar autónomamente los lugares que reciben a la población de adulto mayor.
¿Modificar la Ley?
Los directivos de estos centros geriatricos solicitan modificar el artículo 3 de la Ley 1276 que señala que el 70% del presupuesto recaudado debe ser para los Centros de Vida y el otro 30% restante para los Centros de Bienestar.
“Los Centros de Bienestar somos los que prestamos el servicio durante todo el año y solo recibimos el 30%, en cambio, los del Centro de Vida sí reciben una gran parte y funcionan solo cuando hay contratos. Es algo injusto porque ellos sí tienen el dinero para eso y nosotros no. Queremos que por lo menos sea equitativo, 50% y 50%”, explica Sarayein Cogollo, directora de la Asociación Santandereana de Centros de Bienestar del Adulto Mayor
Otro punto que exigen los denunciantes es que se modifique la resolución 055 de 2017, que empieza a regir a partir de enero de 2019 y en la cual se fija la infraestructura con la que deben cumplir estos centros y de no hacerlo, se verían obligados a cerrar sus puertas. “No contamos con lo que nos están exigiendo. A duras penas tenemos para el alimento de los adultos, ¿cómo vamos a conseguir el dinero para la infraestructura del sitio?”, agregó.
Por su parte, la Gobernación de Santander se comprometió a ayudar a estos 60 centros geriátricos para que sigan funcionando y cuenten con los recursos necesarios para su funcionamiento. Samuel Prada Cobos, Secretario de Desarrollo de Santander, comentó que “el departamento de Santander recauda $22 mil millones al año, estos recursos están destinados estrictamente a atender a los adultos mayores. Sabemos que es poco pero estamos buscando una alternativa con el gobierno nacional”.
