Este martes continuaron las reuniones entre representantes del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de buscar estrategias para reformar el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Hace unos días el Ministerio Público pidió a los ministros de Educación y de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) entregar en un mes una propuesta de revisión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que incluya financiación, modelo y las competencias que tendrían las autoridades.
El Procurador Fernando Carrillo Flórez, en reunión con la ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar; la viceministra de Hacienda, Paula Acosta Márquez; los directores del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía Álzate y de Colombia Compra Eficiente, Juan David Duque Botero, llamó la atención sobre las debilidades que presenta el PAE y la necesidad de diseñar e implementar un esquema contractual que asegure la prevalencia de la selección objetiva, participación de pluralidad de oferentes, reducción de riesgos y restricción de casos excepcionales de contratación directa.
“Se necesita un concurso inmediato de todas las entidades del Estado para evitar que las prácticas corruptas, que han sido sistemáticas, se mantengan en el tiempo. Es que se debería poder vigilar en tiempo real la evolución de toda la contratación”.
El Procurador pidió a Mineducación proponer los ajustes normativos para la articulación de las diferentes fuentes de financiación del programa y tomar las medidas necesarias para que en tres meses esté actualizado el Sistema de Matricula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT).
Aseguró que es urgente involucrar a los padres de familia como aliados en la supervisión y vigilancia a la correcta ejecución del PAE.
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La Procuraduría propuso definir líneas claras de acción a corto, mediano y largo plazo y establecer una metodología de trabajo que le permita al Gobierno Nacional adelantar la reestructuración del modelo para blindar los recursos del programa, con el acompañamiento de la Entidad en ejercicio de su función preventiva.
“Independientemente de los meses que le quedan a este Gobierno, hay que pensar alto y lejos y llevar la política de alimentación al nivel de una política de Estado”.
Además, se analizaron las preocupaciones manifestadas por el órgano de control, entre ellas, el desfinanciamiento del programa, las dificultades de dispersión y entrega de recursos, las debilidades en la focalización, las irregularidades en contratación, entre otras.
Esfuerzos institucionales
La viceministra General de Hacienda, Paula Acosta Márquez, destacó que en esta reunión se revisaron las cifras y se consideraron algunas propuestas para dar un uso más eficiente de los recursos destinados al PAE, con el fin de que el presupuesto destinado sea utilizado únicamente en los requerimientos del programa. “También revisamos cuáles eran las posibles propuestas para tener una información integral de todas las fuentes de financiación; no solamente los recursos de la Nación, sino también de las entidades territoriales”, mencionó Acosta.
La señora Acosta Márquez agregó que están recopilando los datos suficientes para identificar, no solamente el número de raciones que se distribuyen, sino cuáles son los niños y las entidades educativas que se están priorizando dentro del programa.
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La funcionaria enfatizó que la reunión de hoy se concentró en el análisis de los recursos que la Nación destina para el PAE, dado que la información que se tiene sobre los aportes de las entidades territoriales no es completa, pese a la importancia de las contribuciones que los entes hacen, pues ascienden a más de $600 mil millones. “Dado que hay una participación muy significativa de las entidades territoriales, lo que queremos es buscar mejores formas para tener los datos concentrados”, señaló.
Las reuniones entre las tres entidades continuarán el próximo mes, con el fin de encontrar mejores fórmulas para garantizar un excelente desempeño del programa que entrega de manera gratuita más de 5,5 millones de raciones diarias para la alimentación de los niños de todo el país.
El Procurador General anunció una audiencia pública con los candidatos a la Presidencia de la República, para que se pronuncien sobre el modelo de alimentación escolar y aseguren el tratamiento del programa PAE como una política de Estado.
Recomendaciones de la Procuraduría
– Crear un Registro Único de Proveedores PAE (RUPAE)
– Orientar a las entidades territoriales para que no utilicen como contratos de suministro de bienes los de asociación con personas jurídicas sin ánimo de lucro o los de apoyo.
– Diseñar e implementar mejores y más efectivos esquemas para la vigilancia del contrato.
– Requerir el acompañamiento y apoyo de las secretarías de salud con competencias para revisar el estado de los alimentos, y el estado nutricional de los beneficiarios del programa y tenerlo como indicador de efectividad del mismo.
– Involucrar nuevos actores en la vigilancia y supervisión del PAE a través de la veeduría ciudadana.
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