En un solo contrato firmado durante el Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, declarado por la pandemia del covid-19, la Contraloría General de Santander evidenció en una auditoría exprés en un contrato del municipio de Simacota, Santander, cuatro hallazgos.
La auditoría exprés arrojó además que en un solo contrato al parecer se presentaron algunas irregularidades adicionales las cuales no son de competencia de la Contraloría, por lo que produjo traslado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que el órgano competente determine lo correspondiente.
Urgencia manifiesta
El primer paso de la auditoría exprés fue verificar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al proceso de contratación, encontrándose que el mismo se encuentra ajustado a la causal de Urgencia Manifiesta en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, declarado mediante Decreto 015 del 14 de marzo de 2020, el cual permitió acudir a la modalidad de contratación directa.
Pese a la Urgencia Manifiesta y al permiso de acudir a la modalidad de contratación directa, así como a los buenos deseos de atender a la población vulnerable y al personal sanitario durante los momentos más críticos de la pandemia por covid-19, nada ni nadie está exento de la ley y los procedimientos deben cumplirse, aunque se trate de contratar de manera expedita.
La Contraloría encontró en Simacota que se pudo caer en riesgos potenciales de sobrecostos por presunta violación del principio de planeación, transparencia y economía que ocasionaron un posible daño fiscal por valor de sesenta millones de pesos.
En ese sentido se configuró, según la Contraloría, una observación con alcance administrativo, fiscal, disciplinario y penal para los funcionarios y contratista, por inobservar la aplicación de los principios de la contratación estatal, en especial los de transparencia y economía, responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría General de la Nación o Fiscalía General de la Nación).
El asunto recae en la presunta violación de los principios que regulan la actividad contractual al producir el contrato 046 del 25 de marzo de 2020.
Los presuntos responsables serían: Nelson Orlando Ortiz Beltrán – Alcalde Municipal de Simacota, Andrés Saín Pinzón Fonseca – Asesor Externo, Elkin Amado Duarte – Representante Legal de Segyco S.A.S., Javier Norberto Noriega Moya – Secretario de Desarrollo Social del municipio de Simacota y Carlos Arturo Robles – sin determinar cargo o función.
Denuncia e investigación
La denuncia ciudadana advertía sobre “compras de elementos para atender la pandemia coronavirus con sobreprecios exagerados que indican irregularidades. No hay derecho que los recursos para la salud en este momento de crisis se dilapiden de esa manera en el municipio de Simacota, Santander.”
La Contraloría verificó con el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública) y halló que el municipio de Simacota suscribió el contrato de suministro 046 del 2020 con Segyco S.A.S.
El objetivo era el “suministro de mercados a familias vulnerables en Simacota, para garantizar el abastecimiento de los productos mínimos de la canasta familiar y suministros de elementos de seguridad e higiene para los servidores públicos y particulares que cumplan funciones en razón a la emergencia sanitaria”. El contrato fue por 60 millones de pesos con un plazo de ejecución de dos meses.
Las especificaciones se establecieron en los estudios previos elaborados por la Secretaria de Desarrollo Social el 24 de marzo de 2020 por el sistema de contratación directa de bienes y servicios.
Del análisis efectuado al contrato 046 del 2020, la Contraloría evidenció que en la tabla de proyección del presupuesto estimado a los alimentos de la canasta familiar y los elementos de protección el estudio de mercado carece de precios por valores unitarios de los elementos a contratar que establezca un rango del mercado.
Además como en los estudios previos no se indica los datos mínimos de una cotización: Cantidad, descripción del producto, precio unitario y precio total, que debía conocer el municipio para proceder en la etapa precontractual, los cuales le permitían realizar un análisis sobre los costos de un producto y así evaluar y comparar precios con otros proveedores, antes de contratar, se puede señalar una omisión.
La Contraloría comparó cotizaciones respecto de los elementos de protección de las empresas que participaron, como son: Quimiver por $639.500 sin IVA, Segyco por $676.016 sin IVA. Una diferencia de $36.516 en precios unitarios, sin embargo, como se desconocía la cantidad de elementos a adquirir para este contrato, éstas presentaron cotización sin identificar las cantidades de cada producto, lo que genera un presunto sobrecosto, por determinar.
En cuanto a los alimentos se hicieron dos cotizaciones y entre ellas hay una diferencia de $6.300 en precios unitarios, siendo los precios por ítems más económicos en el Supermercado Cristal y Tatiana, sin embargo el municipio contrató con Segyco, quien ofertó a $38.500 cuyos precios por ítems eran superiores.
Por la diferencia de precios se vislumbraron presuntos sobrecostos por 7’156.800 pesos, en los 1136 mercados, frente a los precios ofertados por el supermercado Cristal y Tatiana.
Aspecto ya incluido
Además la Alcaldía de Simacota elabora un otro sí al contrato 046, el 30 de marzo del 2020 con el contratista Segyco, aclarando que la Bomba Fumigadora no es de 2 litros sino de 18 litros, sin embargo, la cotización que había presentado Segyco ya tenía ese cambio, sin que el municipio hubiera elaborado el otro sí. En el Secop tampoco se publicó el otro sí.
Además, encontró la Contraloría, que la Alcaldía de Simacota vulneró el principio de publicación porque en el Secop no están todos los documentos del proceso contractual del contrato 046 suscrito el 25 de marzo del 2020.
Además se vulneró el principio de transparencia, economía y selección objetiva, dice la Contraloría, toda vez que la etapa previa se debieron establecer con precisión la cantidad de los bienes a contratar, aspectos que permitan que se satisfaga al mejor precio, en el menor tiempo posible y con la más alta calidad, las necesidades establecidas en la emergencia sanitaria, al igual que los beneficiarios de estos elementos.
Además hubo un otro sí en donde el contrato señala que el contratista deberá transportar los alimentos y entregarlos a los beneficiaros de Simacota Comunera y Simacota Yariguíes, garantizando la buena calidad de los alimentos, al momento de la entrega”, pero en una entrega de 37 mercados por parte del auxiliar de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro de Simacota, al Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caños San Pedro, para distribuirlos en las veredas Atarrayas, San isidro, Moya Jovina, Caños San Pedro, no se exigió registro de entrega que certifique lo recibido por cada familia.
La Alcaldía de Simacota pasó a la Contraloría unas actas de entrega de 436 mercados. Pero esas actas tienen renglones tachados, unas sin firmas y personas agregadas que no se encontraban en el listado. Verificado el proceso existe una diferencia de setecientos (700) mercados por entregar de los 1136 ingresados a almacén de la Alcaldía y 334 elementos de protección, que no cuentan con las actas de entrega legalizadas.
En cuanto a los elementos de Bioseguridad se registra la entrega de 3 garrafas de alcohol al 70% el 30 de marzo del 2020 a la Estación de Policía del municipio de Simacota, sin embargo, revisada el acta de entrega a almacén del 27 de marzo del 2020, no aparece ingreso de ese producto, como tampoco aparecen en el informe del supervisor del 31 de marzo del 2020 quien certifica que estos productos no fueron entregados, todo lo anterior, denota falta de claridad y transparencia del proceso contractual.
En la Vereda el Diviso La Colorada, la entrega se hizo en el bus de la Alcaldía, con 2 policías, el funcionario de la UMATA y la inspectora de policía sin exigirse la colaboración y control del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, quien conoce realmente a las personas del listado presentado, situación que permitió que quienes realmente estaban en el listado no recibieran mercado.
Además solo se entregaron trece mercados de los cuales seis se dieron a personas que no estaban en la lista. A su vez se informó a la Contraloría que el mercado entregado no contenía todos los productos descritos en el contrato, recibiendo media libra de chocolate y no una libra, lo mismo pasó con las panelas que no fueron entregadas.
Fumigación no cotización
La firma de HS Segurity, en correo dijo a la Contraloría que “el seis de abril de 2020 enviamos una propuesta de desinfección y limpieza para combatir el Covid-19, a través de una fumigación con máquinas y elementos de limpieza, sin firma de la representante legal con el fin de evitar adulteraciones, dirigida a la Alcaldía de Simacota por intermedio de Carlos Arturo Robles, y no una cotización de elementos de seguridad y protección personal. En la cual adulteraron la propuesta cambiando fecha, quitándole parte del texto y agregaron una tabla de Excel con descripción y valores de elementos de seguridad y protección, que en ningún momento fue elaborada por HS Segurity, y además falsificaron la firma del representante legal de la empresa”.
Situación que debe ponerse en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
