Hace poco menos de una semana, Gustavo Petro dio a conocer el decreto que nombraba gestores de paz a un grupo de exparamilitares, quienes, luego de haber cometido innumerable cantidad de crímenes, firmaron un tratado de paz con el Estado, incumplieron las obligaciones de este y fueron extraditados a los Estados Unidos.
Todos los nombres que aparecen en la resolución 453 del 8 de noviembre, son de ingrata recordación y presente para las cientos de miles de víctimas que esperan justicia, reparación y no repetición, ellos son: Edwar Cobos Téllez, Ramón María Isaza Arango, Arnubio Triana Mahecha, Héctor José Buitrago Rodríguez, Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez, José Baldomero Linares Moreno, Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Diego Fernando Murillo Bejarano, Hebert Veloza García, Rodrigo Tovar Pupo, Rodrigo Pérez Alzate, Fredy Rendón Herrera y Héctor Germán Buitrago Parada.
Como era de esperarse, esta designación generó bastante malestar en un amplio sector de la opinión y la cosa pública que considera desproporcionada y temeraria la iniciativa puesta en marcha por el presidente Petro.
Luego de una andanada de críticas de varios sectores y el anuncio de una demanda interpuesta por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó de plano la vinculación de los confesos terroristas a tan importante proceso, habida cuenta su historial criminal.
“Estos exlíderes, responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado, fueron designados para colaborar en la construcción de paz y la garantía de no repetición, a pesar de su historial de reincidencia en actividades delictivas”, explicó Marín.
Precisamente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dijo el pasado 13 de noviembre, tan solo cinco días después de la expedición de la resolución de Petro que designa a Mancuso Gómez como gestor de paz, que los argumentos que sustentan tal honor son contradictorios y en la práctica podrían ser contraproducentes.
“No es coherente, entonces, que se insista por el procesado en que la desmovilización constituyó el fin de su liderazgo paramilitar y que hoy en día se insinúe o se sugiera entre líneas que aún tiene una supremacía o ascendencia sobre estructuras criminales emergentes. De ser ello así, correspondería declarar el incumplimiento de los compromisos y activar el trámite de exclusión, puesto que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo”, se lee en uno de los apartes de la providencia.
En ese sentido, explica la corporación que la estructura de la resolución además de ambigua le atribuye a Salvatore Mancuso funciones que son de resorte exclusivo del gobierno. “La frase ‘contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo el territorio nacional’ es tan amplia que más bien se asemeja a las funciones que debe desempeñar el Alto Comisionado para la Paz, descritas en los Decretos 2107 de 1994, 1784 de 2019 y 601 de 2020”, señaló el alto tribunal.
Iris Marín, siguiendo esa lógica argumentativa, fue más allá y puso de presente la opinión del grueso de los colombianos, quienes en el pasado no solo vieron como estos mismos hombres, con similares argumentos, se burlaron de un acuerdo firmado tras un largo proceso de negociación.
“¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy gestores de paz a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido? ¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?», razonó la funcionaria.
Para la Corte Suprema de Justicia, al igual que para la Defensoría del Pueblo, la designación de personajes del talante de Mancuso como gestores de paz, más allá de congraciarse con las víctimas y avanzar en la construcción de la ‘Paz Total’, es una verdadera afrenta a su anhelo de justicia, reparación y no repetición.
“[El gobierno] envía un mensaje equivocado a las víctimas. Consiste en que su agresor, antes que asumir los compromisos que le impone el Sistema de Justicia y Paz derivados de sus múltiples conductas, y de que pesa en su contra una medida de aseguramiento de detención preventiva que debe cumplir para anticipar el cumplimiento de la pena, obtiene una desmedida contraprestación, dice la determinación”, se lee en otro de los apartes de la providencia.
Finalmente, es importante indicar que, sobre este tema en concreto, la posición de la Defensoría del Pueblo es bastante sólida en el sentido de no alivianar las exigencias judiciales y penas pendientes por cumplir de todos y cada uno de los que figuran en la resolución 453 del 8 de noviembre de 2024.
“La resolución expedida por el gobierno señala que el reconocimiento como gestores no modifica su situación jurídica ni su libertad y tampoco conlleva ningún beneficio judicial; esto es muy importante, pues la prevalencia de la justicia y las garantías de no repetición se reflejan en el cumplimiento de las penas por las cuales se encuentran privados de la libertad. Es esencial que una decisión del gobierno no deshaga lo que la justicia ha logrado”, puntualizó Iris Marín.
APN Noticias
