El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que «es hora de hablar de víctimas de la corrupción en Colombia», y diseñar herramientas para que existan sanciones de carácter patrimonial, y advirtió. «Hay que atacar el bolsillo de los corruptos».
En el foro «Ética pública y transformación social: una visión propositiva para combatir la corrupción» organizado por la Procuraduría General y la Pontificia Universidad Javeriana, el jefe del Ministerio Público anunció que en marzo, con el inicio de la actividad legislativa, presentará al Congreso de la República una iniciativa dirigida a que se reconozcan a las víctimas de la corrupción y sean reparadas.
Carrillo Flórez reveló además que el Ministerio Público insistirá en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y lamentó que en Colombia no se hubiera inhabilitado a Odebrecht, lo que sería un mensaje de la forma «cómo se levanta el Estado en la lucha contra la corrupción».
Explicó que, con la acción popular presentada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se sancionó a la multinacional Odebrecht con 260 millones de dólares, se logró la sanción más alta que se le ha puesto en América Latina.
Enfatizó en la necesidad de «agilizar, modernizar, fortalecer y volver práctica la herramienta de extinción de dominio en la lucha contra la corrupción. Esto se convirtió en un problema para la Fiscalía General que amerita algún tipo de acción».
En su intervención, el Procurador advirtió que los derechos fundamentales de los colombianos están siendo altamente erosionados por la corrupción, que «es una verdadera pandemia que afecta el desarrollo y detiene el crecimiento», permeando incluso las administraciones locales como ocurrió con los carteles de la salud en Córdoba, donde el Ministerio Público desmanteló siete de ellos, con las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (#PAE) y con la planificación que dio paso al llamado ‘volteo de tierras’.
«La corrupción urbana en el caso de Colombia tiene que ver con el cambio en el uso de la tierra, que no solo genera procesos de enriquecimiento ilícito de la clase política, sino desplazamiento, marginación y exclusión social. Desplaza comunidades de áreas rurales que se convierten en zonas urbanas a un costo social altísimo desde el punto de vista de los derechos sociales».
Por su parte, el Viceprocurador General, Juan Carlos Cortés González, quien intervino en el panel «Nuevas herramientas en la lucha contra la corrupción y para una ética pública», resaltó el uso de la acción popular que ha dado el órgano de control en la protección de los derechos colectivos de los ciudadanos, y reveló que actualmente la Procuraduría adelanta 25 acciones que buscan la tasación de los perjuicios por corrupción.
«Desde la Procuraduría no basta con investigar y destituir a quién se apropia de los recursos de la salud o la construcción de un colegio, hay que hacer valer el interés colectivo, la moral administrativa, y para eso está la acción popular”, puntualizó.
