Por: Deivy Fernando Vega Herrera/ La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado (dos de las tres altas cortes) de postular a dos políticos del Cambio Radical como posibles procuradores generales desde 2025, ha avivado la polémica sobre la posible politización de estas cortes[1].
El hecho de que dos de las tres altas cortes postulen candidatos con una marcada politización, aun cuando tenían otras opciones[2][3], debe plantearnos serias dudas sobre la independencia de los magistrados que integran esas cortes. Sobre todo, si se considera que la Procuraduría General de la Nación, en principio, debe ser liderada por ciudadanos independientes y no por abiertos políticos que militan activamente en partidos tradicionales.
Aunque en Colombia las tres altas cortes (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional[4]) representan la cabeza del poder judicial, su posición de poder no las coloca por encima de la crítica o el control ciudadano. Al contrario, cuanto más poder posee una institución, mayor debe ser el control político sobre sus acciones. Sobre todo, si se considera que en Colombia el sistema que escoge a los magistrados que integran las altas Cortes se presta para que existan practicas clientelistas y potencialmente corruptas.
En este sentido, el foco de las críticas a altas cortes no debe estar únicamente en sus decisiones, sino en la forma con la cual se eligen sus magistrados. En la práctica, las tres altas cortes son elegidas por un entramado potencialmente politiquero, que relaciona a los senadores, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y los mismos magistrados actuales de las tres altas cortes[5].
Si se considera que los magistrados que integran Consejo Superior de la Judicatura son también designados por las tres altas cortes5, entonces es evidente que el proceso de elección de magistrados funciona como un sistema de cooptación, en el que los senadores intervienen y los magistrados se eligen entre ellos mismos.
El problema con que senadores y magistrados activos elijan a quienes integrarán las altas Cortes, radica en que, por su naturaleza, ellos son funcionarios públicos que interactúan con el poder político y económico. Esto significa que, si los magistrados de las altas cortes o los senadores tienen vínculos o son amigos de grupos políticos, es muy probable sus decisiones terminen siendo influenciadas por los intereses de dichos grupos, como ya ha pasado anteriormente en Colombia.
Este sistema de cooptación en la elección de magistrados explica por qué, por ejemplo, se dio el llamado “Cartel de la Toga” dentro de la Corte Suprema, en el cual magistrados recibieron sobornos para beneficiar a políticos y empresarios con sus decisiones judiciales[6].
Este escándalo se puede explicar como una consecuencia del sistema de cooptación, ya que es evidente que, si dejamos que los senadores y magistrados se escojan entre ellos mismos, es muy probable que los intereses políticos y económicos acaben distorsionando la imparcialidad y transparencia que deberían guiar las decisiones judiciales de las altas cortes.
Por esta razón, la crítica a las altas cortes no debe ser de forma, sino de fondo. Si reconocemos que el problema está en el sistema de cooptación con el que se integran las altas Cortes, entonces debemos exigir mayor independencia en el proceso bajo el cual se escogen los magistrados de estas altas cortes.
Desde esta perspectiva, lo ideal sería que los grupos potencialmente más independientes de la sociedad, como los colectivos académicos de universidades nacionales e internacionales, sean los que participen en la elección de los magistrados de las altas cortes.
De esta forma, un cambio estructural en el proceso de elección de magistrados sería el primer paso para darle mayor legitimidad a las altas cortes y garantizar su independencia en el largo plazo.
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*Economista y Magíster en Economía y Desarrollo. Asesor pensional independiente con experiencia certificada con Colpensiones y empresas privados. Investigador interesado en la academia. Docente universitario.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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[1] Andrea Díaz (Septiembre de 2024). Es vergonzoso ternar a los candidatos de Vargas Lleras y Char a la Procuraduría: Ocampo. W Radio.
[2] Ámbito Jurídico (Septiembre de 2024). Estos son los 10 preseleccionados por la Corte Suprema para la Procuraduría. Ámbito Jurídico.
[3] Carlos López (Julio de 2024). Consejo de Estado publicó el listado de 65 candidatos para ser procurador general; estos son los nombres. El Tiempo.
[4] Sala de Prensa (Julio de 2018). ¿Quiénes componen las Altas Cortes en Colombia? Corporación Excelencia en la Justicia.
[5] Elección Transparente (Enero de 2019). Seguimientos. Elección Transparente.
[6] Angy Viviana Alvarado (Junio de 2018). Cuatro claves para entender el caso del ‘cartel de la toga’. El Tiempo.
