La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional avalar la creación de la estampilla ‘Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales’.
Para el Ministerio Público la estampilla, creada con la Ley 1697 de 2013 y que se cobra a los contratistas de obras públicas, cumple con su objetivo de recaudar recursos para el fortalecimiento de las universidades estatales en el país y por lo tanto tiene un fin loable desde el punto de vista constitucional.
En concepto enviado al alto tribunal, la Procuraduría precisó que ese recaudo no es una contribución parafiscal, ya que los recursos que se obtienen por su cobro no se invierten en el sector de las obras públicas, razón por la cual se debe retirar ese término del articulado.
El Ministerio Público señaló que la educación, incluida la superior, “es un derecho humano social y un servicio público y, por lo tanto, es inherente a la finalidad social del Estado, razón por la que este debe asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, y la estampilla permite cumplir con ese propósito, ya que los recursos recaudados tienen como objetivo la inversión social por razones extraordinarias y urgentes de financiación.
Finalmente la Procuraduría sostuvo que su cobro no afecta los principios de justicia y equidad tributaria, ya que no compromete el patrimonio de los contratistas de obras públicas, y las tarifas del recaudo fueron fijadas de manera escalonada en función de la cuantía de los contratos.
