La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República presentó un informe con los logros en materia disciplinaria, penal y fiscal de la implementación del Estatuto Anticorrupción. El documento también analiza la percepción de la corrupción a la luz de la participación ciudadana y la efectividad en las sanciones.
Con respecto al 2010, hoy el Estado recupera 15 veces más recursos fiscales. Esto se traduce, asegura el documento, en que es más efectivo el control sobre el dinero apropiado ilegalmente por los corruptos.
Así mismo, se destaca un aumento del 20% en las sanciones disciplinarias, pasando de un promedio anual de 2.201 en 2010 a 2.360 en 2017.
Uno de los logros más notorios fue el de las sanciones penales. Entre 2010 y 2017, éstas incrementaron un 200%, pasando de un promedio anual de 187 en 2010 a 295 en 2017, lo cual indica que las medidas adoptadas en el Estatuto Anticorrupción generaron más efectividad a la hora de castigar los delitos contra la administración pública.
En esta materia, el informe también evidencia un aumento del 6% en los ingresos efectivos al sistema penitenciario por delitos contra la administración pública. “Esto significa que se ha reducido la posibilidad de que los corruptos evadan la cárcel. Nuestro compromiso es que el sistema considere en toda su dimensión el peligro que un corrupto representa para la sociedad. Por eso, además de las medidas adoptadas en el Estatuto Anticorrupción, el año pasado radicamos un proyecto de ley que busca limitar beneficios como la casa por cárcel. Esta es una muestra de lo que sucede cuando se hacen efectivas las medidas que ya tenemos a nuestro alcance”, señala el Secretario de Transparencia, Gabriel Cifuentes.
El documento incluye un segmento en el que se analiza la percepción de corrupción. Allí sustenta con datos cómo ésta se ve afectada por el aumento en las sanciones, de forma tal que mayores esfuerzos anticorrupción se traducen en más personas con la creencia de que la corrupción va en aumento.
Así mismo, se comprueba que los ciudadanos involucrados con el cuidado de lo público tienen una percepción menor de corrupción. Es decir, el porcentaje de colombianos que cree que la corrupción va en aumento pasa de 81% en quienes no se involucran a 73% cuando el nivel de participación ciudadana es alto.