El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó cómo serán los siguientes meses para las finanzas del país, con él a la cabeza. El cambio de administración trae varios ajustes.
Carrasquilla tiene dos temas que no dan espera: la reforma tributaria y la pensional. Ambas continúan en estudio dentro de la misma entidad para más adelante presentarle una propuesta a sus compañeros de gabinete y al presidente Duque, de modo que haya “unidad” dentro del Gobierno sobre ambas reformas.
Además, dentro del paquete de reformas que pretende presentar el gobierno al Congreso, están la del gasto público y el Sistema General de Participaciones, la creación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal para el Congreso, la eliminación de los tres ceros del peso y la venta de otro 10% de Ecopetrol.
¿Otra reforma tributaria?
El ministro de Hacienda dividió el estatuto tributario actual en dos columnas principales que tendrán que ser modificadas: renta e IVA. En el primer caso, señaló que el impuesto a la renta, que causa cerca del 50% del recaudo nacional, es “agresivo con empresas formales” ya que además de la tarifa general, que la tributaria de 2016 descendió progresivamente hasta 33% desde 2019, están los impuestos territoriales como el ICA.
En el caso del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), MinHacienda reconoció que representa la mayor fuente de ingresos para los municipios por lo que el Gobierno debe encontrar una fórmula para disminuir la carga tributaria sobre las empresas, sin reducir el ingreso para los municipios e incrementando el recaudo nacional.
Y agregó que “es cierto que esto pasa en sectores industriales muy competidos y con bajos márgenes”, por lo que se debe resolver el problema con la armonización de necesidades de municipios y empresas. Una posibilidad es que el Gobierno Nacional Central permita la deducción parcial o total del ICA para estos casos.
En cuanto al impuesto a la renta para personas naturales, recordó que Colombia está muy por debajo de los estándares internacionales e incluso del promedio de la región en declaración de renta y además inicia desde una tarifa alta. Aquí el Ministerio estudia la posibilidad de ampliar el umbral para que quienes reporten desde un ingreso promedio declaren renta y la tarifa menor de pago del impuesto empezaría desde quienes reporten un ingreso equivalente al 1,5 del promedio, tal como sucede en la mayoría de los países.
Falta definir el valor desde el que empezarían los colombianos a declarar renta. El PIB per cápita del país está entre $1,8 millones y $1,9 millones, pero el salario promedio es de entre $2,2 millones y $2,35 millones.
La otra columna principal es el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se calcula que hay cerca de $40 billones que no se recaudan pues corresponden a los bienes excluidos o exentos de la canasta básica familiar, dada su regresividad en especial para las familias de menores recursos.
En cuanto a la evasión, Carrasquilla buscará continuar con la simplificación del sistema y eliminación de exenciones y excepciones para reducir las posibilidades de elusión, así como fortalecer a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con modernización de los sistemas, aumento de la fuerza laboral y contratación de expertos.
La meta es reducir la evasión de impuestos en 10% cada año, para acumular una disminución de 40% al final de su gobierno. La tarea quedará en manos del director de la Dian, que aún no es elegido y que posiblemente sea José Andrés Romero, quien está en etapa de evaluación y Carrasquilla señaló que le agradaría sumarlo su equipo.
Otros aspectos que podría incluir la reforma tributaria son: la disminución del tope máximo de ingresos para hacer parte del monotributo, impuesto que por ahora no ha dado el resultado esperado para formalizar a los pequeños comerciantes; un método para iniciar la marchitación del 4×1.000 que empezó como impuesto temporal y ya cumple 18 años, Carrasquilla evalúa la propuesta de Asobancaria de incluirlo como impuesto deducible de renta.
Las bondades de una reforma pensional
La segunda reforma que no da espera en este gobierno es la pensional. El ministro Carrasquilla señaló que en especial hay tres problemas de la estructura actual que le preocupan.
El primero de ellos, el más grave en su opinión, es de la cobertura. En Colombia, aseguró, cerca del 75% de los adultos mayores no tiene acceso a una mesada pensional, es decir que todos los recursos los reciben apenas el 25% de los jubilados.
La baja cobertura es parte del segundo problema del sistema: la inequidad. Cada año, se invierten $40 billones en el pago de las mesadas pensionales de ese 25% que logró pensionarse y además la mitad de esos recursos van a quienes obtienen las mesadas más altas “un subsidio que no sería un problema si se destinara a los más pobres”.
El tercer problema es la asimetría entre los dos sistemas que existen y que crean incentivos para el traslado de un régimen a otro, según la conveniencia del futuro pensionado. La reforma tendrá que igualar las condiciones entre el Régimen de Prima Media y el de Ahorro Individual con Solidaridad.
Reformas al gasto público y el SGP
MinHacienda señaló que la Comisión de Expertos del Gasto, que entregó su informe final en el primer semestre, tenía la razón al advertir que el país ya no tiene la capacidad para medir la efectividad de muchos de los subsidios que existen pues no se sabe a ciencia cierta si llegan realmente a la población que debería, por lo que tendrán que revisarse los subsidios y hacerlos eficientes.
Sin embargo, para este año aseguró que no dejará “colgado de la brocha” en presupuesto a ningún programa social del país “aunque sea del gobierno anterior”.
En gasto el Ministerio de Hacienda también revisará los pagos de Unidades por Capitación (UPC) para el sistema de salud, que tiene un déficit acumulado cercano a los $7 billones, así como el cubrimiento del régimen subsidiado para que el país se asegure de tener en dicho régimen a quienes realmente lo necesitan y no a aquellos empleados informales que tienen un ingreso superior al que debería para pertenecer a este régimen. Además advirtió que “el ritmo al que el anterior gobierno emitía vigencias futuras se acabó”.
El ministro aseguró que cumplirá con los compromisos adquiridos por Mauricio Cárdenas en vigencias futuras, que suman $9,3 billones de los cuales en 2019 tendrán que pagarse $7 billones, la mayoría para infraestructura por lo que están clasificadas dentro del rubro de inversión.
Se dejó radicado ante el Congreso el proyecto de Ley para modificar el Sistema General de Participaciones y así cumplir con las obligaciones que adquirió el gobierno con los maestros tras el paro de 2017.
Carrasquilla seguirá con el proceso del proyecto en el Congreso y señaló que si bien el sistema, que es constitucional, ya sufrió dos reformas, este cambio de norma para dirigir más recursos hacia los rubros de salud y educación es necesario y adecuado pues “las obligaciones hay que cumplirlas”.
OATP y eliminación de los tres ceros
Alberto Carrasquilla, contrario a su antecesor, sí apoyará la creación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP) para el Congreso, cuyo proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara de Representantes.
Aunque no es una prioridad del gobierno, el ministro también se mostró de acuerdo con el proyecto de eliminación de los tres ceros del peso y señaló que es un cambio simbólico que demuestra que pese al “susto” de 2014, Colombia ya tiene controlada la inflación y podría unirse el próximo año a la celebración de nuestro Bicentenario.
A Carrasquilla tampoco le disgusta la venta de activos de la Nación. Para el ministro, que el Estado provea de energía a ciertas zonas del país mediante empresas propias no es tan prioritario como garantizar la alimentación, adecuada atención y educación de los niños del país por lo que podría mejor hacerse una “transferencia de recursos”.
En ese sentido, el ministro Carrasquilla señaló que el tema de la venta de otro 10% de Ecopetrol debe estar siempre sobre la mesa y además ya cuenta con autorización del Gobierno. Por el contrario, señaló que no está de acuerdo con la propuesta de la Unión Sindical Obrera (USO) de recomprar las acciones de la empresa que se democratizaron.
